El Mtro. Mario Patrón Sánchez, Rector de la IBERO Puebla, destacó el trabajo de las Comisiones de Verdad, y como las dos que operan en nuestro país se han concentrado en dos hitos contemporáneos: la Guerra Sucia y la desaparición de 43 normalistas en Iguala.

Durante el inicio de cursos de la Maestría en Derechos Humanos y los posgrados en Derecho el Mtro. David Fernández Dávalos, integrante de la Comisión para el Acceso a la Justicia y la Verdad, señaló que se debe recuperar el caminar histórico de estos mecanismos como una vía para comprender la coyuntura inmediata.

El ponente explicó que las instituciones encargadas de elaborar procesos de justicia se han visto rebasadas en su deber de garantizar el acceso a la verdad a la ciudadanía, derecho que lleva a que la sociedad en conjunto pueda conocer la realidad detrás de hechos trascendentales, construir memoria y evitar que se repitan.

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Asimismo, detalló que las comisiones de la verdad son mecanismos extraordinarios de justicia transicional que sirven para investigar crímenes cometidos desde el poder, garantizar la búsqueda de justicia, reparación de daños y asegurar que no se repita.

La primera Comisión de la Verdad en México se centró en investigar los crímenes de Estado ocurridos en la “Guerra Sucia” de 1965 a 1990, el cual fue sustituido por el paradigma neoliberal consolidado durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, sus efectos estructurales prevalecen intactos.

Señaló que la comisión debe construir una nueva narrativa centrada en las víctimas, pues en aquel tiempo el gobierno aseguró que quienes se alzaron en armas eran desviados sociales, delincuentes comunes, o miembros de pandillas.

Para ello, la Comisión de la Verdad se ha encargado de recolectar testimonios de forma colectiva y revisar archivos históricos que permitan comprender y reintegrar a las personas estigmatizadas durante este periodo.

Durante ocho meses, el equipo de Fernández Dávalos se ha centrado en tres momentos históricos: la contrainsurgencia frente al comunismo; la modernización del campo en favor del sector privado, y la aparición de las disidencias políticas y sexo genéricas.

De acuerdo con los primeros hallazgos, el ejercicio de la violencia a través del ejército y las policías formales garantizaba la seguridad política del Estado; a cambio, las fuerzas castrenses podían gestionar el crimen a placer.

Además, estos agentes estaban encargados de disciplinar a las disidencias: los golpes al crimen menor, las mujeres rebeldes y la comunidad LGBT+ , modo de operar que persiste en la actualidad y que eran fuentes de legitimidad frente a la opinión pública.

El académico señaló que este modo de operar persiste hasta el día de hoy, pues no ha habido proceso de transición democrática ni de renovación de las instituciones, sin embargo, advirtió que se trata de un ejército vinculado con el narcotráfico, a quien se le han dado muchas atribuciones desmedidas.

De igual forma destacó que el trabajo de la comisión permite entender cómo se han transformado las violencias del estado hasta la actualidad, momento más difícil, por lo que llamó a la necesidad de liberar la operatividad de la represión estatal desde su origen.

Finalmente, a través de un video, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz reconoció los esfuerzos de la Casa de Estudios por refrendar las actividades sociales y académicas en materia de derechos humanos.