La diputada local Olga Lucía Romero Garci-Crespo se perfila para ser la próxima presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Puebla, y se prevé que sea electa en la asamblea estatal de este sábado 20 de agosto.

Se contempla además que el exdiputado federal del PRD por la Ciudad de México, Agustín Guerrero Castillo, sea nombrado secretario General del partido, ambos para el periodo 2022-2025.

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— Periódico e-consulta (@e_consulta) August 17, 2022

Los resultados de la elección del 30 de julio serán publicados este miércoles 17 de agosto y se espera que confirmen que el grupo del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ganó la mayoría de los 150 espacios del Consejo Estatal de Morena, pues se habría hecho de 124, no 116 como se dijo en un inicio.

Las y los consejeros estatales afines al mandatario también podrían quedarse con siete carteras del CEE, entre las que destacan la presidencia, la Secretaría General, la de Finanzas y la de Organización.

Si en la primera votación no se elige al nuevo comité, habrá la oportunidad de votar una segunda vez, pero a mano alzada, en la asamblea que se realizará en un salón social, aún por definir.

El secretario de Organización en funciones de dirigente interino, Aristóteles Belmont Cortés, confirmó que la asamblea se realizará este sábado, y también se elegirá al presidente o presidenta del Consejo Estatal del partido.

La diputada de Morena por el distrito 25 de Tehuacán tiene una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y doble identidad.

Además, en julio de este año recibió un revés por parte de los herederos universales de Socorro Romero Sánchez, al perder el nombramiento de albacea de la fortuna que dejó la empresaria avícola al morir en 2009.

Lo anterior, fue resultado del amparo 2109/2021 que promovió el albacea Miguel Ángel Celis Romero, ante la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, que dejó sin efectos todo lo realizado, hasta ese momento, dentro del juicio sucesorio promovido por la diputada.