La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el Conalep Puebla y el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) pagaron sueldos a personas que ya no trabajaban ahí o que no estaban registradas en el padrón del personal.

Esas entidades tampoco comprobaron en una primera instancia el manejo de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). Hasta que la ASF requirió la información, fue como la entregó el gobierno estatal.

En la primera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, el gobierno del estado logró solventar las irregularidades que advirtió la ASF. Coincidentemente, en abril fue despedido el  hasta entonces titular del IEEA, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas.

En 2022 el estado recibió del FAETA 317 millones 841 mil pesos. De ese monto, al Conalep Puebla se asignaron 167 millones 926 mil pesos, y al IEEA, 149 millones 914 mil pesos.

Sin embargo, en la primera auditoría el Conalep no justificó la distribución de 14 millones 714 mil pesos, correspondientes a servicios personales.

El IEEA tampoco acreditó el destino de 6 millones 793 mil pesos que erogó al mismo rubro, ni 13 millones 855 mil pesos que destinó a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Como la ASF detectó estos faltantes, requirió los comprobantes al gobierno de Puebla, y éste presentó la documentación que justificó y comprobó el manejo de los recursos, con lo cual las observaciones se dieron por solventadas. 

No obstante, el Órgano Interno de Control de ambos institutos, sectorizados a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, inició procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y se integró el expediente número OICISSE/266/2022.

Anomalías en nóminas

Al revisar las nóminas, la ASF también detectó que el Conalep realizó pagos después de la fecha de baja definitiva de tres trabajadores, por 57 mil pesos, y que el IEEA, en el contrato DABS/GESAL-095/SA/119/2021, careció de la evidencia documental de la entrega por parte del proveedor de las tarjetas de combustible y de la entrega de las tarjetas al personal por 753 mil 500 pesos.

Pero, nuevamente, durante el transcurso de la auditoría, el gobierno de Puebla justificó y acreditó dichos gastos.

Al final, con motivo de la intervención de la ASF se recuperaron 25 millones 258 mil pesos y se detectaron nueve irregularidades que el gobierno resolvió.

Tras la fiscalización de la ASF, en abril Jesús de La Luz Sánchez Cuevas salió del IEEA mientras su yerno, Eric Cotoñeto Carmona, perdía atribuciones y privilegios como principal operador político del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En su momento, el mandatario descartó un rompimiento con el experredista, pero fueron despedidas más de 140 personas colocadas o recomendadas por él en diversas secretarías. 

DIF retrasa entrega de recursos

Por su parte, el DIF recibió 727 millones 327 mil pesos correspondientes al fondo de componente de Asistencia Social, y se distribuyeron de la siguiente manera:

Al Capcee, 341 millones 296 mil pesos; a la BUAP, 39 millones 191 mil pesos; al Utbis, 2 millones 500 mil pesos; a la UTH, 3 millones 500 mil pesos; a la UTIM, 5 millones de pesos, a la UTO, 2 millones 500 mil y a la Uttecam, 3 millones 500 mil pesos.

Los recursos tendrían que ser destinados a infraestructura educativa, pero la ASF detectó que el DIF realizó las transferencias hasta 219 días hábiles después de la fecha establecida, es decir, que hubo un retraso de más de ocho meses.

Por este motivo,  la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado integró el expediente SFP/17/2022, para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.

También se advirtió que el DIF, el Capcee y la Uttecam no presentaron los registros presupuestales y contables de la utilización de los recursos. De los dos primeros casos el gobierno de Puebla solventó las inconsistencias, mientras que el órgano interno de control de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades, ya que no se comprobó el uso de más de 1 millón de pesos.

El DIF y el Capcee también carecieron del almacenamiento de los archivos de Lenguaje de Marcado Extensible por 2 millones 796 mil pesos y 193 millones 350 mil pesos, respectivamente. En el caso del Capcee, el gobierno sólo pudo acreditar 173 millones 807 mil 243 pesos.