El atentado del martes contra un hombre en plena vacunación de menores en Puebla exhibió la omisión de los gobiernos estatal y municipal e ilustra el nivel de inseguridad y violencia que existe en el estado, sentenció Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Tras lo ocurrido en el Centro de Salud de la colonia Francisco I. Madero, de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, el académico alertó que el ambiente de impunidad en el estado hace que a los delincuentes ya no les importe sacar un arma y disparar contra gente inocente en un acto masivo, a plena luz del día y a la vista de la policía.

“Es muy grave, no se puede dejar pasar ni a la autoridad estatal ni a la municipal este tipo de situaciones, sobre todo cuando hay niños en riesgo, debieron poner seguridad desde el inicio para realizar la jornada de vacunación”, enfatizó.

En entrevista consideró que el ataque demostró el nivel de descuido de las autoridades, pues dejó en evidencia que no hay o son muy deficientes los protocolos a seguir ante actos como este, donde cientos de familias estuvieron en riesgo.

“El gobierno no solo se puede quedar con el argumento de que fue un ajuste de cuentas entre delincuentes, es necesario combatir los problemas y dotar de seguridad a los ciudadanos”, sentenció.

Además, destacó que el descuido de las autoridades no fue solo en materia de seguridad, sino también en logística y organización, ya que en varios puntos de vacunación las y los menores de 5 a 11 años dilataron más de cinco horas para recibir la vacuna y ni siquiera les ofrecieron agua.

Más de un día después del ataque no hay ninguna persona detenida; la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido ningún pronunciamiento; el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta minimizó el hecho como aislado y reclamó filtraciones de policías municipales, mientras que el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseguró que se actuó oportunamente, y legisladores de diferentes partidos repartieron culpas.