Para prevenir la expedición de documentos apócrifos firmados por notarios o intentos de lavado de dinero, los diputados de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales, avalaron modificaciones a la Ley de Notariado propuestas por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

La reforma busca imponer de uno a cinco años de prisión y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivalen a 9 mil 662 y hasta los 48 mil 310 pesos, a los notarios que no cumplan las disposiciones previstas en la ley.

Entre los actos que podrían ser considerados como delitos están los que provoquen dolosamente la nulidad de un instrumento o testimonio y cause daño o perjuicio directo a los prestatarios o destinatarios; impida que se lleven a cabo las visitas ordinarias, extraordinarias, inspección o especiales o permita la suplantación de su persona, firma o sello.

Las personas que sean dueñas de alguna notaría en Puebla, estarán obligadas a desempeñarse personalmente al frente de la misma y verificar la autenticidad de los documentos expedidos.

La iniciativa plantea que aquellos titulares que busquen vender la notaría a su cargo para deslindarse de las obligaciones para la transferencia de un inmueble, podrán ser sancionados hasta con el retiro de la notaría.

También se podrían aplicar penas si la notaría valida folios apócrifos para la venta de un inmueble o por incumplir el pago de impuestos y derechos.

Entre las modificaciones avaladas  por parte de los legisladores de todas las bancadas parlamentarias, también se prevé castigar la suplantación de firmas, así como establecer un apartado que permita garantizar el resguardo de datos personales para atender las disposiciones de la Ley general de Transparencia y Acceso a la información.