Con seis votos a favor y una abstención, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado aprobó la iniciativa del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para fijar un tabulador de precios máximos para litigantes de Puebla que no celebren contratos de representación con sus clientes.

En sesión de la comisión, el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, votó en abstención al señalar que seguirá en el estudio de la iniciativa, tras considerar que hay inconsistencias en la redacción.

“Aunque parece que es una invitación o valor de referencia para hacer unos pagos, se convierte en una obligatoriedad. Es vaga la redacción y no garantiza que sí se aplicará como un valor de referencia, opcional o vinculatoria”, declaró.

Explicó que, aunque se fijan unas tasas con montos específicos, algunas personas no tienen los recursos suficientes para acceder a una representación digna, lo cual impide el acceso a la justicia.

“Así como se fijan las tasas, muchos siguen detenidos y ni siquiera tienen la capacidad mínima para pagar a un abogado y eso impide el acceso a la justicia”, advirtió.

Para el congresista, hay riesgos de que la ley se pueda usar a favor de los abogados, pues al establecer una cantidad también deberá reportarse ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que podría haber un riesgo de que los abogados reporten un ingreso menor percibido para la evasión fiscal.

Los precios estarán sujetos al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se actualiza cada año, por lo que los montos tendrán modificaciones, de acuerdo con el monto establecido anualmente.

Las modificaciones proponen en su artículo 9 que no se cobrarán honorarios ni costas procesales por las querellas que sean desechadas por incorrectas o se declaren improcedentes por el juez.

Las y los abogados que cuenten con un grado de estudios superior a la licenciatura, podrán aumentar las tarifas de honorarios, con base en sus especialidades.

Tras darse a conocer la iniciativa, académicos y abogados argumentaron que es positivo crear un tabulador por los montos del servicio, pero debe ser establecido por los colegios, pues hay algunos que se forman con fines políticos en cada proceso electoral.