La Comisión de los Derechos Humanos (CDH) en Puebla emitió una recomendación dirigida a la presidenta de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, y al fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, para que reparen el daño a cuatro víctimas de abuso policial cometido durante la gestión de José Juan Espinosa Torres.

De acuerdo con la recomendación 11/2022, el 13 de agosto de 2017 cuando cuatro personas denunciaron que fueron detenidas durante un operativo de alcoholímetro por la policía municipal de San Pedro Cholula y sufrieron agresiones físicas durante su arresto.

Los elementos de seguridad mantuvieron a las víctimas en el lugar de la detención desde las 2:30 hasta las 6:30 de la mañana, y hasta las 5:30 de la tarde se inició la carpeta de investigación.

Una de las personas detenidas era un menor de 16 años, quien señaló que sus tres familiares detenidos fueron enviados al C5 de Cuautlancingo y él fue trasladado a la Casa de Justicia para Adolescentes del municipio.

En su momento, las autoridades argumentaron que detuvieron a las cuatro personas por delito de resistencia de particulares, daño en propiedad ajena, así como por el delito de corrupción de menores.

Sin embargo, el 2 de septiembre de ese año el juez de Control resolvió que no se “calificó como legal la detención”, pues los policías no lograron sustentar sus intervenciones como elementos de seguridad.

Durante varios los policías municipales presentaron impugnaciones contra diversos resolutivos del juez de Control y la CDH para evitar su investigación.

Resuelven caso 5 años después

Sin embargo, luego de casi cinco años la comisión concluyó que hubo violaciones a derechos humanos, ya que la Policía Municipal violó la seguridad jurídica de las víctimas y en el momento de la detención no existió un procedimiento administrativo acorde con el Protocolo de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, para atender al menor de edad y que fue retenido por varias horas injustificadamente.

Aunque estas violaciones a los derechos humanos se cometieron en administraciones pasadas, la CDH recomendó a la actual presidenta municipal y a Gilberto Higuera Bernal, brindar atención psicológica especializada a las víctimas, misma que deberá otorgarse de forma continua hasta que alcancen su sanación física y emocional, atendiendo a su edad, su condición de salud física y emocional, aunado a que esta atención, deberá brindarse gratuitamente y de forma inmediata.

Deberán proporcionar una reparación integral con motivo de las violaciones a derechos humanos que les fueron ocasionadas, e impartir cursos de capacitación a sus autoridades para evitar estas acciones.

Además, la Contraloría Municipal deberá iniciar el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios públicos responsables para su sanción.