Las corridas de toros quedaron suspendidas en la Plaza México tras la resolución emitida este viernes 10 de junio por el juez federal Jonathan Bass, quien informó su decisión de suspensión provisional este viernes a raíz del amparo que la asociación civil Justicia Justa promovió al calificar de “degradante” el trato que reciben los toros, pues viola el derecho a un medio ambiente sano.

Tauro Plaza México, empresa encargada de operar el recinto taurino más grande del mundo, y el Gobierno de Ciudad de México contarán a partir de hoy con 10 días hábiles para impugnar la decisión ante un tribunal colegiado. Sin embargo, continúa el aletargo de inactividad debido a que mientras dure el proceso judicial —algo que en realidad podría llevarse meses—, las actividades en el coso, salvo las no taurinas, quedan paralizadas.

¿Por qué la suspensión?

Bass perfiló su resolución como algo “que beneficia a toda la sociedad”. “La concesión de la suspensión definitiva no vulneraría el orden público ni afectaría el interés social sino que, por lo contrario, permitiría que las autoridades ejercieran sus facultades legales para evitar la contravención al derecho a un medio ambiente sano que ocasiona la muerte injustificada, los tratos crueles y los sufrimientos innecesarios de los toros de lidia”, puede leerse lee en el documento.

El documento añade: “Bajo esa lógica, lejos de constituir una afectación a la sociedad, generaría un beneficio no solo a las partes del presente juicio sino a todas las personas que vivan en la Ciudad de México y su entorno adyacente con independencia de la postura ideológica que profesen acerca de las actividades taurinas”.

Dicha sentencia rebasa las cincuenta páginas y sirvieron para que el juez federal desmembrara el lenguaje taurino para señalar a detalle cómo y cuáles son los daños emocionales y físicos que experimentan los toros durante las corridas. Lo narrado está basado en un documento de la PAOT (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX), que es el órgano de protección animal del Gobierno de Ciudad de México, así como en la resolución de un tribunal federal que describe “el dolor excesivo y agónico que culmina con la muerte por hemorragias severas o paros respiratorios”.

En el documento, Bass prueba que se trata de una actividad considerada recreativa en donde se “lastima, se tortura y finalmente se mata a un animal”.

La resolución es la siguiente: “La sociedad se encuentra interesada en que se respete la integridad física y emocional de todos los animales porque son seres vivos que conforman los ecosistemas y que, por consiguiente, contribuyen con servicios ambientales que resultan esenciales para el ser humano”. Aquí también nombra el “valor intrínseco que tienen todos los animales en tanto seres sintientes, incluidos sin excepción alguna los toros de lidia” y que se encuentra protegido en la Constitución de Ciudad de México.

¿A qué apunta la suspensión?

Si bien dicha prohibición solo afectará a la Plaza México, la decisión sería un parteaguas para que otras asociaciones en distintas partes del país puedan recurrir a la jurisprudencia. Cabe recordar que en estados como Sonora, Guerrero y Coahuila, las corridas de toros ya estaban canceladas. Pero en vista de que México es uno de los pocos países que todavía mantiene con fervor la tradición taurina, algunas otras entidades se han aferrado a mantenerlo; con respecto a este caso, en los estados de Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, la tauromaquia está declarada como un bien cultural y material.

“La Monumental” cuenta con una capacidad para albergar a 50 mil expectantes, aunque la butaca vacía poco puede hacer. Este “abandono” por parte de la afición se ha unido a las iniciativas políticas de los últimos meses para tratar de frenar el espectáculo, mismo que se vio severamente afectado por la pandemia de coronavirus.

Si atendemos a los números y a lo dicho en enero pasado por Pedro Haces, responsable de la asociación mexicana de tauromaquia, la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México podría generar una pérdida de 30 mil empleos.

Con información de Beatriz Guillén. 

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