La Secretaría de Educación Pública (SEP) se deslindó de los adeudos a una decena de mujeres que laboraron de enero a julio del 2013 como activadoras físicas en el Instituto Poblano del Deporte (Inpode), a cargo de Manuel Youshimatz Sotomayor, al señalar que lo hicieron como “voluntarias”.

En un comunicado, la dependencia aseguró que para ese programa no existían sueldos asignados, por lo no existe relación laboral alguna, ni se estableció algún tipo de contrato con quienes participaron.

El reporte no detalla si existirá alguna sanción para los funcionarios del Inpode que engañaron a las activadoras con una promesa de sueldo, a quienes incluso les pidieron documentación para “ingresar a laborar”.

La SEP explica que el Programa de Activación Física en Espacios Abiertos cambió su estrategia de acción, e instrumentó el programa “Ponte al 100”, para hacer cuantificables las capacidades funcionales de las personas, por lo que sólo fue un cambio de estrategia.

Destaca que fue la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) la que realizó los cambios en los programas para que se midieran los resultados.

Las deportistas fueron contratadas para laborar en el programa "Activación Física en espacios abiertos" con la promesa de percibir un sueldo de tres mil pesos mensuales.

El programa estaba a cargo de Damaris Pacheco Jiménez, jefa del Departamento de Deporte Social y Activación Física, colaboradora cercana a Youshimatz Sotomayor, quien a pesar de saber sobre el adeudo se negó en múltiples ocasiones a pagar, según lo señalaron las inconformes.

Hasta de su dinero pusieron

En entrevista con e-consulta, Fabiola Muñoz Romero señaló que las condiciones laborales no fueron favorables, ya que tuvieron que poner de su dinero para pagar pasajes, el Inpode nunca les proporcionó uniformes, pero les pedía acudir a "activar fisícamente" con ciertos colores de ropa deportiva. Incluso "en una ocasión nos pidieron que lleváramos bocinas para dar la clase".

Las hermanas Fabiola, Abigail y Elizabeth Muñoz Romero fueron contratadas el dos de enero mediante un contrato verbal realizado en el Gimnasio Miguel Hidalgo por Gerardo Hernández, por tiempo indeterminado, para dar clases en el programa del Inpode.

Pero mes con mes, Gerardo Hernández, quien fungió como su jefe inmediato, mantenía la promesa de que los recursos se habrían de liberar.