La Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto para exigir que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) verifiquen adecuadamente la información contenida en los formatos “3 de 3 contra la violencia”, para evitar que agresores de mujeres se filtren en los procesos electorales 2021-2022.

“Este Punto de Acuerdo nace porque muchas mujeres que hoy estamos en un cargo de elección popular hemos sufrido violencia política en razón de género. Hoy vivimos una violencia en las calles, una zozobra de los padres y madres que pierden a sus hijas y esto tiene que terminar”, demandó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Julieta Vences Valencia.

La legisladora poblana recordó que el pasado 20 de octubre del 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió unos lineamientos en los que establecen que los partidos políticos deben solicitar a sus aspirantes la firma del formato conocido como “3 de 3 contra la violencia”, el cual debe ser signado de buena fe y bajo protesta de decir la verdad de que estas personas no han sido condenadas o sancionadas por violencia familiar, delitos sexuales o como deudores alimentarios.

“Esta medida es en favor de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes mexicanas, ya que las futuras personas servidoras públicas deben tener la suficiente autoridad moral para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, expuso.

Sin embargo, la congresista, lamentó que únicamente 8 de los 32 OPLES, son los que se han dado a la tarea de revisar la veracidad de la información entregada por las personas aspirantes a candidaturas.

Otro obstáculo que ha enfrentada la implementación de la “3 de 3”, indicó, ha sido que las autoridades electorales deben solicitar información a las instituciones jurisdiccionales y de procuración de justicia, y en muchas ocasiones estas últimas responden no contar con la información o que los órganos electorales no son competentes para pedirla.

Vences Valencia señaló que en las elecciones de este año se elegirán a alrededor de 456 cargos públicos en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde los Organismos Públicos Locales Electorales, tendrán un papel fundamental para revisar la documentación de aquellas personas que aspiren a un puesto de elección popular.

La parlamentaria de Morena informó que impulsará el Punto de Acuerdo aprobado para elevarlo a rango Constitucional para que agresores de mujeres no puedan competir a cargos de elección popular.

“Nunca más un violentador debe llegar a un cargo de elección. Deben quedar fuera de cualquier espacio de poder o de toma de decisiones”, exigió.