Por amenazas, extorsión, privación ilegal de la libertad, discriminación, ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, fueron denunciados cuatro servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla.

Se trata de Héctor Mario Escoboza Osuna, director general de Asuntos Jurídicos; Pedro Cartas López, analista que se ostenta como asesor jurídico; Jesús Osorio Palacios, subdirector de lo Contencioso y Yair Andros Cuanal Cerezo, adscrito a la subdirección de lo Contencioso,

La denuncia fue presentada por J.S.C.B, quien en noviembre de 2021 se incorporó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y, como “agradecimiento”, Héctor Mario Escoboza Osuna le exigió: “la dádiva consistente en una parte de mi salario, ya fuera en efectivo o en la forma en que dicho sujeto indicara”.

Al negarse, el denunciante fue objeto de amenazas y, con ayuda de los denunciados, su superior lo privó de su libertad, ha ejercido acoso laboral y se encuentra bajo constante discriminación por su edad y comorbilidad.

“Simulan la legalidad de actas administrativas y emisión de oficios, por lo que de manera caprichosa y abusiva me imponen horarios y jornadas de trabajo que de una semana a otra cambian, con el único propósito de desestabilizarme y generarme gastos y alta presión que perjudique mi salud y, todo por negarme a pagar dádiva de mi salario”, se lee en la narrativa de hechos.

J.S.C.B presentó su escrito ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y fue recibido por oficialía de partes el 11 de abril. En el documento, solicitó medidas cautelares porque se encuentra “acosado y amenazado de represalias laborales y de ser objeto de hacerme incurrir involuntariamente en responsabilidades por parte de los sujetos denunciados”.

La Consejería Jurídica del Gobierno de Puebla recibió el mismo escrito, al igual que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SSP, sin embargo, debido a que las amenazas y el acoso laboral persisten, la víctima notificó también a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado y decidió hacer público su caso.

Luego de esto, se reportó que en represalia J.S.C.B está siendo obligado a trabajar horas corridas sin descanso, en las instalaciones de la dirección que se ubican en el Complejo Metropolitano de Seguridad (C5).