Aunque reconocieron la dificultad de cuantificar daños, académicos de la IBERO Puebla calcularon en 16 millones de dólares los costos de la emergencia ambiental que vive el río Atoyac y aseguraron que las capacidades de gestión de residuos han quedado rebasadas.

Académicos del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) de la IBERO Puebla publicaron el artículo ¿Cuánto cuesta el deterioro del Atoyac? y participaron con investigadores de otras universidades en un foro sobre los efectos integrales de la polución en el acuífero y las personas que viven cerca de él.

Al traducir la emergencia ambiental del río a cuestiones monetarias, María Eugenia Ibarrarán, Romeo Saldaña y Tamara García obtuvieron que la afectación a las actividades económicas llega a los 16 millones de dólares. Los costos de saneamiento mensuales son de 5,000 dólares, y las afectaciones a la salud escalan hasta los 10 millones de dólares.

No es sencillo cuantificar la contaminación del Atoyac. En todo caso, los estudios convergen en que se han rebasado las capacidades de gestión de residuos, señalaron.

Durante el foro inspirado en el artículo, Estefanía Martínez Tavera, investigadora de la UPAEP, comentó que el acuífero se ve particularmente impactado por la actividad agrícola e industrial, tanto a nivel micro como macro.

Hogares y pequeños negocios son responsables de una buena parte de la emisión de aguas residuales. A través de su empresa de saneamiento New Water, Michael Andrew Paulhus emprendió un proceso de tratamiento a estos acuíferos. Cuando abrió su mercado a los municipios, sus plantas se desbordaron. “Ha subido el nivel de contaminación porque hay menos vigilancia”, explicó.

Existe un mal manejo de los recursos hídricos en todo el país. En el norte, la sobreexplotación de acuíferos ha provocado sequías prolongadas, mientras que en las costas los cuerpos de agua se han convertido en zonas de muerte. Robert H. Manson, investigador del Instituto de Ecología, A. C., consideró que la falta de un sentido comunitario de gobiernos y empresas ha marginado los procesos ecosistémicos que, de ser protegidos, representarían beneficios para la sociedad.

Un ejemplo de ello es el mercado inmobiliario. Como especialista en desarrollo territorial, Lorena Cabrera Montiel explicó que este sector no se ve afectado por la contaminación del acuífero. Por el contrario: las políticas de suelo han contribuido a que algunas viviendas cercanas al río sean más caras que en otras áreas. Esto se debe a que la disponibilidad de agua, independientemente de su sanidad, ayuda a inflar los precios para la construcción.

El sector inmobiliario engloba múltiples industrias que, en suma, tienen altos impactos ambientales. De acuerdo con la coordinadora de la Especialidad en Gestión Integral del Riesgo de la IBERO Puebla, la construcción representa el 16% del consumo mundial del agua; el 9% se hace uso en el trabajo en el cemento. Además, se utilizan dos toneladas de materias primas por cada metro cuadrado de construcción.

Otros fenómenos como la deforestación, la mala gestión de residuos, la construcción en cauces de ríos y la instalación inadecuada de drenajes tienen un impacto directo en la contaminación de la cuenca. “Es un sector muy extractivo, que genera muchos recursos y que no le importa mucho dónde se ubica”, alertó.

El trabajo de investigación no está exento del impacto ambiental. La disposición de residuos tóxicos no siempre ocurre de manera responsable. Reflexionó Martínez Tavera: “Las universidades deberíamos ser el ejemplo de lo que sí debería de hacerse; ser espacios sustentables”. Las academias tienen la responsabilidad de sembrar los cambios sociales que son su materia de estudio.

Los académicos imaginaron algunas estrategias para medir los costos del deterioro en el Atoyac que contribuyeran a visibilizar la urgencia de un proceso de intervención. Michael Paulhus propuso considerar la cantidad de días de incapacidad que privan a las personas de ir a la escuela y al trabajo por enfermedades relacionadas con la polución en el río.

Por su parte, Estefanía Martínez exhortó a contabilizar las toneladas de metales que diariamente se encuentran en el acuífero, cuya limpieza puede traducirse en pérdidas millonarias; a ello se suma el exceso de sales producto de la actividad volcánica. Denunció que las normativas son dispares en cuanto al número de miligramos de minerales por litro que el agua potable puede tener.

Desde el aspecto inmobiliario, Cabrera Montiel aseguró que existen mecanismos de regulación en grandes construcciones como los informes de impacto ambiental. Sin embargo, dichas políticas no siempre se aplican con cabalidad, especialmente en espacios donde la irregularidad lleva a desatender aspectos de infraestructura relacionados con la gestión de agua potable y residual.

El foro concluyó en sintonía con la advertencia lanzada por María Eugenia Ibarrarán, Romeo Saldaña y Tamara García, todos académicos del IIMA, en su artículo: “El costo de no tener estudios actualizados y comparables sobre el costo de la contaminación es grave, ya que sin información pertinente las propuestas de políticas públicas e incidencia serán pobres”. 

Ver el conversatorio aquí: