Sólo una tercera parte de los estados de la República ha avanzado de manera aceptable en la armonización de sus legislaciones con la Ley General de Víctimas, mientras que el resto –donde se ubica Puebla- tiene un nivel de cumplimiento parcial o no tiene ningún avance, afirmó el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC).

Señaló que no se trata de complacencias ni de buena voluntad, pues “son disposiciones legales que se deben acatar en todas las entidades y niveles de gobierno sin excepciones, pues al no adecuar los marcos normativos locales se falla nuevamente a las víctimas de violaciones a derechos humanos que históricamente han sido ignoradas”.

Por ello, propuso exhortar a los gobernadores y Congresos de 21 estados del país para que conformen comisiones ejecutivas estatales, registros estatales de víctimas, fondos de ayuda, asistencia y reparación integral del daño, así como centros de asesoría jurídica victimal en cada entidad, para homologar el marco normativo estatal a la Ley General de Víctimas.

Dichas entidades son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

También propone exhortar a los gobernadores y Congresos locales de Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz a que, en el marco de sus responsabilidades, continúen con la homologación de la Ley General de Víctimas al marco normativo de sus entidades, a fin de concluir con dicho proceso en beneficio de las personas afectadas.

Precisó que la Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013, estableció un marco de derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, así como acciones concretas para garantizar su protección, atención y la reparación del daño.

El ordenamiento, dijo, reconoció un catálogo de derechos para estas personas, que incluyen recibir ayuda y trato humanitario, atención para ellas y sus familiares, saber la verdad, tener acceso a la impartición de justicia, reparación del daño y conocer sobre el proceso penal contra sus agresores.

Estableció el Sistema Nacional de Víctimas; la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, y un órgano de Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas, así como el Registro Nacional de Víctimas, y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

En el documento, turnado a la Primera Comisión de la Permanente, Monreal Ávila aseguró que once estados han mostrado mayor compromiso y registran avances significativos en la adecuación de sus normas legales: Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

Asimismo, sólo seis estados han mostrado “avances significativos” en la armonización de estas leyes y han adecuado su legislación con la Ley General de Víctimas.

Las entidades con una condición de mediano cumplimiento, con avances irregulares, que no presentan una consistencia importante en sus acciones para cumplir con lo dispuesto en la Ley, y sus informes son incompletos, confusos o parciales, son: Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

En tanto Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas no han avanzado prácticamente en ningún rubro, se carece de información oficial sobre su actual situación en esta materia, y han sido omisos en un alto porcentaje respecto de sus obligaciones en la actualización de sus legislaciones en favor de las víctimas.