La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no invirtió recursos para mejorar las cárceles de Puebla desde que inició la gestión de Luis Miguel Barbosa Huerta en agosto de 2019, hasta septiembre del 2021, mientras tanto la CNDH ha exhibido que persiste el hacinamiento y la sobrepoblación, aunados a la corrupción y los delitos que el propio mandatario ha reconocido.

En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no hay registro de ningún contrato para rehabilitar, ampliar o para dar mantenimiento a alguno de los tres penales estatales: San Miguel, Tepexi de Rodríguez o Ciudad Serdán, y tampoco para los distritales ni los regionales.

Los contratos disponibles para su consulta únicamente son de compra de alimentos para las personas privadas de la libertad, aunque las adquisiciones han sido señaladas de irregularidades.

En tanto el penal de San Miguel es objeto de escándalo tras encontrarse el 11 de enero el cuerpo de un bebé de 6 días de edad en un contenedor de basura, situación por la que legisladores, activistas y organizaciones locales y nacionales han exigido respuestas.

A raíz de esto el mandatario estatal reconoció que desde las cárceles se planean y ejecutan delitos, muchas veces en complicidad con autoridades penitenciarias, lo cual atribuyó a un “abandono” del sistema penitenciario por parte de gobierno anteriores, y presumió que en su gobierno se ha trabajado en su mejora.

Solo proyectos, no hay obras

Desde su campaña Barbosa Huerta ofreció construir más reclusorios y ampliar los existentes, pero a la mitad del sexenio no ha comenzado lo uno ni lo otro.

No obstante, el martes anunció un proyecto para dividir a la población de la prisión de San Miguel y anticipó que esto tendría un costo de 2 mil millones de pesos.

Esta cárcel es señalada por diversos problemas, como la corrupción y el trato desigual a personas presas, ya que tienen privilegios quienes pueden pagarlos, y quienes no sufren abusos.

Apenas el sábado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que en el lugar existe autogobierno y cogobierno, es decir, que reos y autoridades penitenciarias controlan el lugar mutuamente.

A esto se suma el cadáver del bebé localizado en un contenedor de basura de la penitenciaría, lo cual ha generado protestas en el Congreso del estado, redes sociales y este viernes se realizará una manifestación afuera del penal.

Solo compras

El último contrato relacionado con las cárceles y realizado por la SSP, fue para la compra de alimentos para prisioneros, pero se realizó en la gestión del gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido.

El 11 de abril de 2019 la SSP firmó el contrato SSP-SFA-DGA-C-001/2019 con Productos Serel S.A. de C.V.  para obtener insumos, víveres y productos para tres centros de reinserción social y el Centro de Internamiento para Adolescentes (CIEPA) por un monto mínimo de 24 millones 724 mil 97 pesos y uno máximo de 61 millones 810 mil 243 pesos.

La compañía se comprometió a entregar de mil 606 a 4 mil 15 alimentos diarios en San Miguel; mientras que en el de Tepexi de Rodríguez de 400 a mil alimentos; en el de Ciudad Serdán de 140 a 350 y en el CIEPA de 40 a 100 alimentos diarios.

El precio unitario por cada desayuno, comida y cena tuvo un valor de 42.68 pesos, según el contrato firmado por Jesús Antonio Verdín Pandal, ex subsecretario de desarrollo institucional y administración policial; Melisa Magdalena Benítez Rodríguez, directora general de administración e Israel Cabrera Zavala, representante legal de la empresa.