La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación sobre el bebé muerto hallado en un contenedor de basura del penal de San Miguel, y exigió a autoridades de Puebla una investigación seria y eficaz, pues exhibió que en el penal persiste el autogobierno y el déficit de personal.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado busca localizar a la familia del menor para darle acompañamiento y apoyo ante las posibles violaciones a derechos humanos.

En un comunicado la CNDH demandó al subsecretario de Centros Penitenciarios del estado y a la Unidad Especializada en la Fiscalía General de la entidad (FGE), aplicar medidas cautelares y colaborar en la investigación.

Tras hallazgo de un bebé sin vida en el #CERESO en #SanMiguel, #Puebla, #CNDH exige una investigación amplia, integral y exhaustiva.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/oW66dznr0D

— CNDH en México (@CNDH) January 15, 2022

También exigió garantizar los derechos humanos y que se refuercen los controles de vigilancia, seguridad, revisión e ingreso en el penal de San Miguel y en todos los del estado, para evitar que se repitan hechos como este.

A la Fiscalía General del Estado (FGE) le exigió una investigación seria, comprometida, diligente y eficaz que permita el esclarecimiento de lo sucedido. 

No obstante, remarcó que en las acciones que se realicen no se violenten u obstaculicen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.

La CNDH además exhibió el autogobierno y la corrupción que persiste en el penal de San Miguel, el cual salió mal calificado en su evaluación penitenciaria.

El órgano destacó que en sus visitas al Cereso halló “importantes irregularidades en el rubro de gobernabilidad, con un auto o cogobierno, además de insuficiencia de personal de seguridad y custodia, entre otras, lo que ha generado que tengan una calificación menor a 7”. 

Esta semana e-consulta ventiló la corrupción y los privilegios que existen en San Miguel y el penal de Tepexi de Rodríguez, a pesar de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha negado que su gobierno otorgue privilegios a reos.