Por las altas ganancias, la lucha por el poder y por la omisión de autoridades persiste la corrupción en cárceles de Puebla, ya que a cambio de dinero se obtienen privilegios tolerados y hasta proporcionados por las propias autoridades penitenciarias, señalaron académicos y legisladores.

Si hubiera verdadera voluntad política se podría terminar con el negocio y los cotos de poder, pero no se hace porque hay un costo político, opinó Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Luego de que e-consulta exhibió los privilegios del exdiputado panista Eukid Castañón Herrera y de algunos reclusos sentenciados por delitos como secuestro y extorsión, consideró urgente que el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta investigue –por lo menos— a los directores de los penales de San Miguel y de Tepexi de Rodríguez.

El académico recordó que desde hace varios años la Universidad Iberoamericana ha documentó la corrupción en las cárceles, pues refirió que es bien sabido que se hacen cobros por servicios a los prisioneros, por seguridad personal y protección, por prostitución, alcohol y hasta drogas.

Tras exhibirse que Castañón Herrera tiene una celda propia con cama y cobijas, acceso a teléfono celular y salidas del penal a supuestos chequeos médicos, enfatizó que esto solo es posible cuando se tiene mucho dinero, pues los privilegios cuestan mucho y quienes no pueden pagarlos se encuentran en hacinamiento.

“Pareciera que Eukid Castañón vive en un hotel en lugar del centro de reinserción, según los videos difundidos, mientras que quienes no tienen dinero para pagar estos beneficios están en hacinamiento, se meten 11 personas o más en un espacio en donde sólo deberían estar cuatro”, refirió.

Ante este tipo de irregularidades refirió que en las cárceles se debería depurar al personal y vigilar el trabajo de los directores.

Agregó que la idea de Barbosa Huerta de considerar la intervención de la iniciativa privada para controlar las cárceles no es una solución de fondo, pues el que empresarios manejen las prisiones no es garantía de que no haya corrupción, e incluso se corre el riesgo de una mala operación.

Añadió que los problemas de corrupción también estarían ligados a las fallas en la aplicación del sistema penal acusatorio, que sigue sin dejar de lado la detención preventiva y cada vez se suman delitos a los que se puede aplicar esta acción, lo cual provoca el hacinamiento.

Morenista duda de privilegios

En contraste el diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso, Roberto Solís Valles, minimizó el hecho y puso en duda existan privilegios para Castañón Herrera al interior del penal de Tepexi de Rodríguez.

“Es un video muy corto y creo que no puede ser tomado como evidencia para saber si hay o no privilegios con este sujeto en específico”, declaró.

Incluso señaló que las imágenes difundidas pro e-consulta pudieron ser sacadas de contexto, aunque reconoció que sí hay corrupción en las cárceles.

“Es para cuestionar, yo veo una celda como cualquiera, creo pudo ser sacado de contexto. En el caso concreto de Eukid yo tendría mis dudas, pero es algo que sí sucede y sucedía, como en el Cereso de Huejotzingo”, agregó.

Aunque consideró que estas prácticas se deben erradicar y poner más atención al actuar de los internos, admitió que desde el poder Legislativo aún no se tiene una propuesta que permita reforzar el reglamento de los penales.

“No podemos legislar al vapor, en mi caso no traigo este tema, pero traigo un paquete de iniciativas y no traemos nada que ver con Cereso, pero habrá que analizarlo”, explicó.

Injerencia de IP ha fallado

Juliana Vivar Verá, profesora de tiempo completo de Derecho en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), sentenció que, si se cumpliera lo establecido en la ley, no habría corrupción en las cárceles.

En entrevista recordó que con las últimas reformas en materia penal se esperaba un cambio en el funcionamiento de las prisiones, pero esto no ha ocurrido.

Tampoco las nuevas opciones para presuntamente mejorar las cárceles con la participación de la iniciativa privada han funcionado, pues se ven los mismos problemas.

Ante esta problemática, la académica sugirió que se realicen auditorías constantes al funcionamiento de las prisiones y que estas sean realizadas por empresas certificadas y honorables.