Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, reconoció que hay 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes y servicios forenses en México, un registro de 95 mil personas desaparecidas y hasta noviembre se habían realizado 2 mil 200 jornadas de búsqueda.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó este jueves que la Segob ya está en diálogo con legisladores y entidades federativas para crear el Centro Nacional de Identificación Humana.

Recordó que el censo de 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ubicó 9 mil 400 personas fallecidas en las cámaras frigoríficas de los servicios forenses estatales, por lo que reconoció que se vive una “crisis forense”.

Por ello se firmó un convenio con el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Universidad de Innsbruck para homologar los procesos de identificación de muestras complejas o en cantidades masivas, pues México ya cuenta con los equipos necesarios para hacerlo.

Hasta noviembre se había realizado 2 mil 200 jornadas de búsqueda en 28 estados y 314 municipios, para lo cual se invirtieron más de 1 mil 247 millones de pesos.

Con dichos recursos se han construido tres centros de identificación humana, cinco centros de resguardo temporal de cuerpos, establecido una relación de atención y respuesta a familiares de las víctimas.

También presumió que se han invertido 6 mil 103 millones de pesos para fortalecer las capacidades institucionales en materia de derechos humanos, mediante la construcción de centros de justicia para mujeres (312 millones), atención a la violencia de género (349 millones), fortalecer registros civiles (75 millones) mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos (mil 246 millones).

Ley de amnistía ha liberado a 44 personas

Por otra parte, dio a conocer que a través de la Ley de Amnistía han sido liberadas 44 personas y falta resolver 795 casos (642 mujeres y 153 hombres), los cuales corresponden a delitos contra la salud y abusos en comunidades indígenas.

A la fecha, la Segob cuenta con 1 mil 798 solicitudes de amnistía y mil 3 se han analizado, de las cuales 900 se declararon improcedentes y 103 procedentes.