Como se tenía previsto el Congreso de Puebla aprobó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) inicie Procedimientos Administrativos y de Determinación de Responsabilidades (Ipadr) contra 36 exdiputados, exalcaldes y exdirectores de órganos municipales por un aparente daño patrimonial que entre todos suma 62 millones 56 mil 4 pesos.

En sesión ordinaria del pleno este miércoles 31 procedimientos fueron aprobados con 34 votos a favor, una abstención y una excusa, por irregularidades encontradas en las cuentas públicas de 2016.

Entre quienes serán sometidos a investigación destaca el exdiputado local José Juan Espinosa Torres, señalado de un quebranto de 18 millones de 749 mil pesos cuando fue alcalde de San Pedro Cholula.

El procedimiento contra la priista Ernestina Fernández Méndez, por un presunto daño a la hacienda pública de 13 millones 334 mil pesos cuando fue alcaldesa de Tehuacán, se avaló solo con 21 votos a favor, 9 en contra del PRI y el PAN, 2 abstenciones y una excusa.

Con 30 a favor, cuatro en contra, una abstención y una excusa, a su vez se aprobó el Ipadr contra la expresidenta de Xayacatlán de Bravo, Maribel Ramírez Pablo, por un monto de 78 mil 200 pesos. 

Los Ipadr se iniciarían desde 2019 por la pasada legislatura, pues ya estaba listo el dictamen contra las mismas personas por el mismo monto de irregularidades, pero se congeló supuestamente para analizar la documentación enviada por la ASE y luego por la pandemia de covid-19.

¡Ya es un hecho! Por un aparente desfalco de 62 mdp el @CongresoPue aprobó ir por 36 exdiputados, exalcaldes y exdirectores de órganos municipales de las administraciones 2014-2018 para esclarecer irregularidades.

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— Periódico e-consulta (@e_consulta) December 15, 2021

Van contra ediles ligados a crimen 

A José Isaías Velázquez Reyes (del PRD) le imputan irregularidades por 546 mil 168.94 pesos a sus finanzas como presidente de Atzitzintla, cargo durante el cual fue detenido el 10 de marzo de 2017 por presuntos nexos con el crimen organizado, aunque recuperó su libertad el 24 agosto del 2018. 

Al priísta Gustavo Salomón Lara Torres se le acusa de un daño patrimonial de 520 mil 918.63 en Ajalpan y a Pablo Morales Ugalde, de Pacto Social de Integración (PSI), uno de 488 mil 065.72. 

Mientras el último era alcalde de Palmar de Bravo, fue aprehendido el 5 de julio del 2017 por vínculos con el robo de combustible, aunque lo liberaron el 10 de octubre del 2018. 

Al exdirector del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (Sosapach), Mauricio Arriaga Rivas, se le atribuyen irregularidades por 3 millones 158 mil pesos cometidos durante la administración de Espinosa Torres. 

Al director del mismo órgano, pero del municipio de Tehuacán, Mario Alberto Andrades Ortiz, es señalado por un quebranto de 10 millones 846 mil pesos.