Por un aparente desfalco que suma 62 millones 56 mil 4 pesos cometido en 2016, el Congreso de Puebla irá tras 36 exdiputados, exalcaldes y exdirectores de órganos municipales de las administraciones 2014-2018, a fin de que aclaren las irregularidades detectadas en sus cuentas públicas.

Este lunes en sesión de la Comisión Inspectora en el Congreso del estado se aprobaron Inicios de Procedimientos Administrativos y de Determinación de Responsabilidades (Ipadr) y se espera que sean ratificados el miércoles en la sesión ordinaria del pleno.

La comisión presidida por la diputada de Morena Olga Romero Garci Crespo avaló los procedimientos luego de recibir los informes de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que detectó las anomalías y ahora se encargará de investigarlas, para imponer sanciones o presentar denuncias penales contra los exfuncionarios que no aclaren las irregularidades.

Los Ipadr se iniciarían desde 2019 por la pasada legislatura, pues ya estaba listo el dictamen contra las mismas personas por el mismo monto de irregularidades, pero por razones que no se revelaron la comisión "congeló" los procedimientos hasta ahora que por fin los aprobó.

Van por José Juan y Ernestina Fernández

La auditoría encabezada por Francisco Romero Serrano encontró el daño patrimonial más grande en la administración del exdiputado local Jose Juan Espinosa Torres (de Morena), pues le atribuye un quebranto de 18 millones 749 mil pesos al frente de San Pedro Cholula.

A la priista Ernestina Fernández Méndez le achaca un daño a la hacienda pública por 13 millones 334 mil pesos como alcaldesa de Tehuacán.

José Luis Rechy Tirado (de Movimiento Ciudadano), padre de la alcaldesa de Cuyoaco, Anabel Rechy Benavides, es señalado del mal uso de 2 millones 888 mil pesos en la pasada administración que fue edil.

A José Rafael Núñez Ramírez (PT), exalcalde de San Martín Texmelucan (del PT), la ASE lo acusa de un desfalco de 1 millón 811 mil pesos.

Al exdiputado local Valentín Medel Hernández, coordinador parlamentario del PT en la pasada legislatura, le abrieron un proceso por observaciones de 110 mil pesos como presidente de Chilchotla.

Van contra ediles ligados a crimen

A José Isaías Velázquez Reyes (del PRD) le imputan irregularidades por 546 mil 168.94 pesos a sus finanzas como presidente de Atzitzintla, cargo durante el cual fue detenido el 10 de marzo de 2017 por presuntos nexos con el crimen organizado, aunque recuperó su libertad el 24 agosto del 2018.

Al priísta Gustavo Salomón Lara Torres se le acusa de un daño patrimonial de 520 mil 918.63 en Ajalpan y a Pablo Morales Ugalde, de Pacto Social de Integración (PSI), uno de 488 mil 065.72.

Mientras el último era alcalde de Palmar de Bravo, fue aprehendido el 5 de julio del 2017 por vínculos con el robo de combustible, aunque lo liberaron el 10 de octubre del 2018.

Al exdirector del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (Sosapach), Mauricio Arriaga Rivas, se le atribuyen irregularidades por 3 millones 158 mil pesos cometidas durante la administración de Espinosa Torres.

Al director del mismo órgano, pero del municipio de Tehuacán, Mario Alberto Andrades Ortiz, es señalado por un quebranto de 10 millones 846 mil pesos.

A continuación, se presenta la lista de los 36 inicios de procesos administrativos, los sujetos de investigación y el monto involucrado en los presuntos daños patrimoniales.