Este lunes el gobierno de Estados Unidos reanudó el programa "Quédate en México” (MPP por su sigla en inglés), asegurando que garantizarán la seguridad de los solicitantes de asilo, quienes deberán esperar en nuestro país mientras se procesan sus casos.

El programa, una de las insignias de la administración de Donald Trump, fue derogado por el gobierno de Joe Biden, pero un juez federal ordenó reanudarlo, por lo que EU ha negociado con el gobierno mexicano los parámetros para volver a implementarlo.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional aseguró haber hecho varios cambios para dar mayores garantías, los defensores de los migrantes señalan que no serán suficientes.

Jessica Bolter, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI), señaló que probablemente los migrantes enfrenten desafíos similares a los que enfrentaron cuando se implementó por primera vez.

Kennji Kizuka, analista e investigador de la organización Human Rights First (HRF), advirtió que sin importar la forma en que “traten de adornar” el nuevo MPP, no hay forma de implementarlo de manera humana y segura.

De acuerdo con HRF, en los primeros siete meses de la administración Biden se contabilizaron hasta 6 mil 356 informes de ataques contra migrantes expulsados o bloqueados en la línea divisoria sur del país.

En el caso de MPP, los investigadores de HRF documentaron más de mil 500 ataques contra los solicitantes de asilo y entre los delitos se contabilizaron casos de secuestros, tortura, asalto, violación, entre otros.

Pese a que la Casa Blanca insistió en que ha trabajado "de cerca" con el gobierno mexicano para ofrecer refugios y transporte seguro a los solicitantes de asilo en el proceso, Bolter señala que no es posible pues los refugios fronterizos ya se encuentran abarrotados de migrantes.

Los cambios realizados por el DHS a los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), incluyen el compromiso de concluir los procesos dentro de los seis meses posteriores al regreso inicial de una persona a México.

El DHS aseguró que aquellos procesados en MPP tendrán oportunidades significativas para acceder a información y asesoría o representación legal a través de teléfonos para hacer llamadas gratuitas con un abogado en un entorno confidencial.

Aaron Reichlin Melnik, consejero de política del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), dijo que los inmigrantes puestos bajo MPP entre enero de 2019 y enero de 2021 enfrentaron enormes dificultades debido a que había pocos abogados en EU que pudieran brindar asistencia legal a los migrantes que estaban en México, por lo que casi 95 por ciento de los cerca de 70 mil solicitantes no pudieron encontrar un abogado.

Con información de El Universal.

Imagen: rtve.es