El Congreso de Puebla aprobó por unanimidad las reformas constitucionales del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para facilitar la destitución del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el nombramiento de quien lo remplace.

En sesión pública ordinaria del pleno se avaló este jueves modificar los artículos 12, 57, 113 y 125 de la Constitución local, apenas una semana después de que se recibió la iniciativa del mandatario morenista. 

La diputada Olga Romero Garcí Crespo, presidenta de la comisión Inspectora de la ASE, adelantó que con las reformas se comenzará a “vigilar exhaustivamente”al titular de la ASE, Francisco Romero Serrano, como parte de las nuevas medidas anticorrupción.

"Desde el momento en que estas reformas se aprueben obviamente tendremos que actuar con excelencia en el servicio público", declaró.

Aunque aseguró que la Ley no será retroactiva y es únicamente para "crear contrapesos" y distribuir las atribuciones de la ASE, la iniciativa ha sido interpretada como parte de los preparativos para la destitución de Romero Serrano, designado por el Congreso en noviembre de 2019 para un periodo de siete años, que concluirá en 2026.

"Lo tratamos de hacer es fortalecer los mecanismos estatales en la lucha contra la corrupción. Aunque falta emitir las reformas en leyes secundarias, tenemos 60 días", refirió la legisladora morenista.

Con esta reforma, el Congreso de Puebla tendrá las atribuciones para destituir a la persona titular de la ASE por contravenir los principios a los que se debe ajustar la función, o por incurrir en faltas administrativas graves.

Las reformas

De acuerdo con el dictamen aprobado, el artículo 113 constitucional ahora establecerá que procederá la destitución del auditor: "por causa grave, con la misma votación requerida para su nombramiento y a través del procedimiento especial que prevea la ley del Congreso".

Se calificará como una “causa grave” el contravenir los principios a los que se debe ajustar la función de fiscalización; no satisfacer los requisitos de ley, ausentarse de sus labores por más de un mes o retrasar por más de un año sin justificación válida la entrega de los informes de fiscalización.

También procedería la remoción por permitir la injerencia de partidos políticos en los procesos de fiscalización o de revisión de la cuenta pública por obtener una evaluación de desempeño no satisfactoria por parte del Congreso durante dos periodos consecutivos.

Además sería causal de destitución la comisión de una falta que afecte la función de combate a la corrupción, pero el legislativo determinaría el procedimiento para que la remoción sea inmediata.

"El Congreso del Estado resolverá sobre la existencia de las causas de la remoción del titular de la Auditoría Superior del Estado, bajo el procedimiento que establezca la Ley del Congreso. La remoción causará efectos inmediatos y deberá procederse al nombramiento para un nuevo período", indica la reforma.

Ajustes a TJA

Con las reformas aprobadas este día también habrá una reorganización en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), para crear una Junta de Gobierno y una Sala Especializada.

No obstante, la diputada Mónica Silva Ruiz, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, anticipó que habrá otro paquete de reformas.

"Habrá un segundo paquete de reforma legislativa. Hoy daremos vida a la creación de la unidad; cuando reformemos la ley que disponga la organización, estaremos en posibilidad de decir la reforma y los requisitos de selección", explicó en entrevista. 

Esto en referencia a que la integración de la Sala Especializada sería de tres magistrados electos por el Pleno del TJA, pero no pertenecientes a este, y ostentarían el nombramiento durante cuatro años.

"La Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por tres magistrados. Será presidida por uno de sus miembros, nombrado por mayoría simple de los mismos durante un periodo improrrogable de cuatro años", dicta la reforma.

Los magistrados se encargarían de atender y resolver los casos sobre faltas administrativas y relacionadas con el manejo de recursos que causen un daño a las cuentas y patrimonio público.