Tras la aprobación de un punto de acuerdo promovido por el senador Manuel Bartlett Díaz, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) comparecerán ante las comisiones de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales para detallar los alcances del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Esta comparecencia se hará a través de un cuestionario que será enviado a los titulares de ambas dependencias, y que se espera sea contestado en no más de 15 días.

Tanto la CFE como Semarnat deberán presentar un informe que detalle los efectos sociales, económicos y ambientales de los proyectos en cuestión, ante los problemas registrados en los estados que abarca el proyecto.

Este punto de acuerdo fue presentado por el senador Manuel Bartlett Díaz, quien manifestó su preocupación por los “atropellos” que se cometen en contra de los derechos humanos de los activistas por parte de los gobiernos estatales.

Cabe señalar que en la sesión ordinaria llevada a cabo el pasado 22 de abril, el también ex gobernador de Puebla pidió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigara de manera exhaustiva el caso Puebla, y emitiera recomendaciones al gobierno estatal respecto a las persecuciones, detenciones y órdenes de aprehensión en contra de los opositores del Proyecto Integral Morelos.

Sin embargo, la Comisión de Energía se declaró sin facultades para pedir a la CNDH se realice esta investigación. Así también lo hizo en el tema de exigir al Ejecutivo del estado de Puebla la inmediata liberación de los activistas sociales detenidos.

La propuesta original de Bartlett Díaz señala de manera directa a Rafael Moreno Valle Rosas, así como a las dependencias del Ejecutivo federal y empresas extranjeras involucradas, de perseguir y violar sistemáticamente los derechos humanos de los habitantes de las poblaciones que se ven afectadas.

“Moreno Valle, con la actitud fascista que lo caracteriza, entre el 6 y el 8 de abril aprehendió y encarceló a tres dirigentes sociales y ordenó se giraran 6 órdenes de aprehensión y, se le acusa de haber enviado a burócratas del Banco Estatal de la Tierra a las comunidades para amenazar que otros 150 pobladores están en su lista negra”, se lee en un fragmento del proyecto.

Asimismo, el senador plantea lagunas informativas en el PIM, como contradicciones y faltas administrativas. También hace alusión a la declaratoria del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), de considerar inviable una obra de esta magnitud y alcance en el área propuesta, ya que pasa por zonas de significativo riesgo eruptivo, debido a la cercanía con el volcán Popocatépetl.