Mientras en Puebla aumenta el robo de combustible por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta solo está “roncando” y la reacción de su gobierno es un “cero a la izquierda”, sentenció el doctor Edgardo Buscaglia, experto internacional en delitos complejos.

En entrevista con e-consulta el académico de la Universidad de Columbia, en Estado Unidos, explicó que la entidad poblana solo es una parte del gran rompecabezas que es el “huachicol”, pero señaló que las áreas de inteligencia locales no aportan nada en el combate de este delito, solo detienen a criminales de baja jerarquía y no apoyan al gobierno federal o a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Medimos la reacción del estado ante la delincuencia organizada y en Puebla es nada; Puebla es un cero a la izquierda y no tiene ningún aporte importante más que detener a gente con funciones operativas”, manifestó el también director del International Law and Economic Development Center.

Autor de 11 libros sobre delitos complejos e impunidad en México, Edgardo Buscaglia refirió que Puebla es uno de los peores casos a nivel nacional en el combate al crimen organizado, ya que existe una parálisis de la policía estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha sido omisa y pasiva ante el crimen organizado.

Y mientras esto ocurre, criticó que Barbosa Huerta vaya de “mañanera en mañanera” sin acciones firmes y concretas contra el robo de combustible. “Los criminales se adueñan del país y el gobernador de Puebla sigue roncando”, acusó.

El también miembro de la organización internacional Wildlife Justice Commission declaró que el crimen organizado ha aprovechado la pasividad de autoridades poblanas para aumentar su presencia en el estado y controlar la extracción de combustible y su venta.

Explicó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Sinaloa tiene presencia en Puebla y se disputan el monopolio de la extracción de gas, aunque no lo hacen de manera directa, sino a través de células criminales locales a las que someten y conceden una tajada de lo robado.

Precisó que las bandas están conformadas principalmente por jóvenes, normalmente de bajos recursos, pero son dirigidas por cabecillas del crimen organizado, en colusión con funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresarios y organizaciones civiles de “pantalla”.

Recordó que el robo de combustibles comenzó a enquistarse en el gobierno del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, pues se dio entrada a los criminales hasta las más altas esferas de gobierno, y ahora, con Andrés Manuel López Obrador, se ha omitido el combate frontal al crimen para adoptar una política de “abrazos no balazos”.

Falta estrategia e inteligencia

Para Edgardo Buscaglia a las autoridades locales y federales les falta contar con una estrategia que contemple maxiprocesos. Esto implica atacar a varios delincuentes en sus diversos niveles, al mismo tiempo, pues de nada sirve atrapar a delincuentes de baja jerarquía en operativos cuando los mandos siguen libres.

Como parte de la estrategia del robo de combustible también consideró que se debería vigilar los recursos utilizados para las campañas electorales, pues es común que el crimen organizado realice aportaciones con la finalidad de tener aliados.

Remarcó que el objetivo del crimen organizado es tener injerencia en todos los ámbitos, hasta convertirse en un “bien” para la población, pues señaló que grupos criminales actualmente ofrecen el gas a bajo precio en comunidades marginadas y, con ello, vuelven dependiente a la población para que esta los apoye e incluso defienda.

Debido a lo anterior, señaló que debe existir una coordinación entre todas las autoridades, de todos los gobiernos, ya que en la actualidad no existe un plan conjunto y cada autoridad “hace lo que quiere”.

Edgardo Buscaglia es autor y co-autor de 11 libros y 104 artículos académicos publicados en “journals” en Estados Unidos, Europa y México. Ha asesorado desde 1991 a autoridades de 119 países en el establecimiento y mejoramiento de estrategias “antimafia”.

Es además presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, asociación civil dedicada a rescatar, asesorar jurídicamente y socioeconómicamente a víctimas de la delincuencia organizada.