A través de un comunicado, los pobladores del municipio de Ixtacamaxtitlán pertenecientes a los grupos de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), rechazaron la Evaluación de Impactos en Derechos Humanos (EIDH) que pretende llevar a cabo la Minera Gorrión.

La empresa canadiense Almaden Minerals y su filial mexicana Minera Gorrión, difundieron un boletín donde anunciaron la realización de estudios para su Proyecto Ixtaca, el cual recalcaron que contará con el apoyo de especialistas en derechos humanos, antropología y medio ambiente, bajo el seguimiento de un Comité Técnico Asesor Independiente conformado por representantes de las comunidades.

Aunque cabe recalcar que los habitantes ya rechazaron este proyecto en múltiples ocasiones, pues argumentaron que no existe la autorización ambiental por parte del gobierno.

Pues en el año 2017, los activistas presentaron esta misma evaluación de impacto a parlamentarios y aliadas canadienses, donde después de un estudio de cuatro años, identificaron que dicho proyecto causaría daños al medio ambiente, el agua y la salud durante la etapa de exploración, así como riesgos potenciales de desplazamiento forzado, faltando al cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

Por lo que, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a finales del año pasado, no le concedió el permiso a la minera para continuar con el proyecto de la mina Ixtaca.

Pero agosto de este año, los habitantes de las comunidades de Santa María Zotoltepec y Zacatepec en la Sierra Norte de Puebla denunciaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a la Minera Gorrión, por realizar tareas de exploración sin contar con la autorización correspondiente.

Aunque la minera comunicó que está comprometida con el cuidado del medio ambiente y la creación de oportunidades para las zonas más marginadas del país, los pobladores recalcaron que sus derechos no están disponibles a negociación, por lo tanto, rechazaron cualquier tipo de retribución económica por su consentimiento para el desarrollo del proyecto.