La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una nueva acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso de Puebla al impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una fracción de la Ley de Búsqueda de Personas.

El documento con número de registro 145/2021 fue presentado por María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo y propone descartar la fracción II del artículo 28 de la Ley de Búsqueda de Personas en Puebla.

“Artículo 28, fracción II, de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, expedida mediante Decreto publicado el 02 de septiembre de 2021, en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, (...).”

Este apartado considera como requisito "No haber sido inhabilitada como persona servidora pública" para formar parte de la Comisión de Búsqueda.

Algunos considerandos que fueron decretados para formar parte de la comisión, fueron contar con título profesional; no haber desempeñado cargo de dirigencia nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento; y haber destacado en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley.

Entre los requisitos también se considera contar con conocimientos y experiencia comprobable en derechos humanos, en búsqueda de personas, preferentemente con conocimientos en ciencias forenses, criminología o investigación criminal.

La aprobación de esta ley fue una de las últimas acciones de  la LX Legislatura del Congreso de Puebla y ocurrió a punto de finalizar el periodo 2018-2021.

Los legisladores locales no consideraron las peticiones de los colectivos de búsqueda y las familias de las víctimas por desaparición.

Durante un año, la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, intentó promover la iniciativa que trabajó con colectivos, para discutir en comisiones y en el pleno, sin embargo, la discusión en lo general y en lo particular fue iniciada hasta que el mandatario local, Miguel Barbosa Huerta envió su propia iniciativa.

Entre los huecos que aún tiene la ley aprobada por la legislatura pasada, está el que los diputados locales no consideraron la creación del Fondo Estatal de Desaparición para garantizar el funcionamiento de la ley aprobada.