La Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla se aprobó este viernes en comisiones del Congreso local, pero no se estableció un fondo para la búsqueda, como exigían familiares de víctimas, y se ignoraron otras de sus peticiones.

El dictamen conjunto de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos incluyó dos iniciativas, la enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, y la elaborada por el colectivo La Voz de los Desaparecidos y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

La del colectivo y el IDHIE fue presentada desde el año pasado por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval (de Morena), mientras que la del mandatario fue entregada el pasado 2 de agosto.

Por la tardanza para la aprobación de su iniciativa, desde el 15 julio familiares de víctimas se plantaron afuera del poder Legislativo para demandar que se avalara antes del término de la actual legislatura el 14 de septiembre.

En la sesión de este día Rodríguez Sandoval pidió que se hicieran algunas modificaciones al proyecto, pero todas sus propuestas fueron rechazadas. El objetivo de sus reservas al dictamen era asegurar la participación de familiares en los trabajos de búsqueda.

Una de sus solicitudes fue que la Secretaría de Gobernación (Segob) del estado aportara recursos financieros, técnicos, infraestructura y recursos humanos para el funcionamiento del Consejo Ciudadano.

El área jurídica del Congreso del Estado argumentó que era improcedente la petición, pues el Consejo Ciudadano únicamente es para promover la participación de la sociedad.

Rechazan fondos para búsqueda

Rodríguez Sandoval también pidió crear el Fondo Estatal de Desaparición para garantizar el funcionamiento de la ley. Se propuso que este se conformara por al menos el 0.05 por ciento del presupuesto anual de la entidad, así como por los recursos provenientes de la enajenación de los bienes que hayan sido objeto de decomiso.

Además pidió para el fondo los recursos destinados por el gobierno federal y los recursos adicionales obtenidos por los bienes abandonados y por las donaciones o aportaciones hechas por terceros al Fondo Estatal de Desaparición, pero se desdeñó su propuesta.

Otro aspecto que quedó fuera de la ley es que el Consejo Ciudadano fuera integrado por seis familiares, ya que en el dictamen se contempló solo la participación de cuatro. En la sesión Rodríguez Sandoval comentó que el objetivo de una mayor participación es que se tuviera un mejor mapeo de la situación en la entidad, pero fue ignorada.

El nombre de la ley también fue objeto de debate, ya que la propuesta original era que se llamara Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla, pero se quedó como Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, como lo propuso Barbosa Huerta.

En entrevista, Rodríguez Sandoval celebró la aprobación de la ley en la materia y anunció que volverá a presentar sus reservas rechazadas en comisiones ahora en la sesión extraordinaria del pleno que se convocará para la votación final de la ley.

En los noventa días naturales después de la entrada en vigor de la ley, se tendrá que armonizar el Reglamento Interior de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y las reglas de todas las autoridades integrantes del Sistema Estatal de Búsqueda.