El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto al accidente aéreo en el que  murieron el senador Rafael Moreno Valle y su esposa, la entonces  gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, concluyó con peritajes internacionales que determinaron que se trató de una falla técnica.

Ayer, Jorge Arganis Diaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes federal, compareció ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, donde señaló que los resultados de las investigaciones se dieron a conocer en tiempo y forma y el caso ya está en manos de la Fiscalía de Puebla.

Al respecto, el gobernador señaló en su conferencia de prensa matutina que fueron peritajes internacionales los que permitieron establecer que se trató de una falla técnica, por falta de mantenimiento, lo que provocó el desplome del helicóptero donde viajaban los personajes mencionados en diciembre del 2018.

Jorge Arganis también señaló que es atribución de la autoridad ministerial poblana determinar si hay responsables, para  proceder en su contra, toda vez que la SCT entregó todos los peritajes de la Agencia Federal de Aviación Civil.

Barbosa Huerta recordó que hay personas detenidas, específicamente los directivos y trabajadores de la empresa encargada de dar mantenimiento a ciertas partes de la aeronave.

"Ya quedó definido por peritos internacionales que fue una falla técnica; la falla técnica de un aparato al que le daba mantenimiento una empresa. La Fiscalía General del Estado encontró responsabilidades de esa empresa y de quienes daban el mantenimiento. Hay personas detenidas, hay personas que están en proceso", señaló el gobernador.

Dueños siguen proceso en libertad, mecánicos no

Tras darse a conocer el informe técnico de la SCT, el 24 de diciembre de 2020, la Fiscalía General del Estado, en el aniversario luctuoso de Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso Hidalgo, informó de la detención de los primeros posibles implicados en la falla mecánica que causó el desplome del helicóptero.

Hasta la fecha, han sido detenido nueve personas de las empresas Rotor Flight Services, encargada de darle mantenimiento a la aeronave, y de Servicios Aéreos del Altiplano (SAASA), dueña del helicóptero, que enfrentan cargos como homicidio culposo, daño en propiedad ajena culposo y falsedad de declaración dada a una autoridad.

De los seis mecánicos que fueron detenidos y que trabajaban para Rotor Flight Services, todos se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, pues el juez de la causa argumentó que al no residir en Puebla –pues la empresa es del Estado de México– podían sustraerse de la justicia.

En el caso de los tres directivos de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAASA), a diferencia de los mecánicos, se autorizó que siguieran su proceso en libertad tras el pago de garantías económicas que iban de los 10 a los 20 mil pesos.

Se especuló sobre la propiedad

En enero de este año el gobernador Miguel Barbosa consideró que era necesario investigar la verdadera propiedad del helicóptero que se desplomó, pues versiones periodísticas apuntaban a que en realidad la aeronave era de Rafael Moreno Valle y no de SAASA.

"Si la aeronave, como se dijo en versiones de mucha gente, era propiedad del fallecido Moreno Valle, parece era una propiedad simulada ¿Por qué estaba a nombre de la empresa?", expuso en su momento el mandatario.

Agregó que había inconsistencias como que  la aeronave era de un particular pero era pilotada por personal del gobierno del estado y funcionarios pagaban el mantenimiento.

La Fiscalía General del Estado nunca informó si de una investigación sobre este asunto.