La Dra. Celeste Cedillo y el Dr. Juan Antonio Le Clercq, catedráticos de la Universidad de las Américas Puebla, participaron en el Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz en su edición doce, con la ponencia “Números de la injusticia ambiental en México: resultados y consideraciones metodológicas sobre el estudio y la medición estadística de la impunidad ambiental”. 

Marcando la historia del Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Nacional Autónoma de México, como organizadores, lograron reunir a expertos de diversas partes del mundo a fin de participar en la edición de 2021. De esta forma a través de video llamadas se tuvieron ponencias de personalidades de la Universidad de Oslo, del Centro Loyola Ayacucho del Perú, de la Universidad de Valladolid, de la Universidade de Sao Paulo, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Granada, de la Fundación Nacional Batuta de Colombia, de la Universidad de Innsbruck, de la Universiteì du Queìbec, entre otras. 

Entre los ponentes invitados estuvieron la catedrática del Departamento Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y el decano de Ciencias Sociales de la UDLAP, quienes presentaron el Índice de Impunidad Ambiental México 2020, del cual ambos son autores junto a la Mtra. Azucena Cháidez. En este documento se presenta información estadística comparada sobre delitos, daños, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales aplicada a las 32 entidades federativas del país. “Se hizo un análisis conceptual teórico de algunos enfoques que nos parecieron más adecuados para poder interpretar esta información, analizamos varios enfoques de la justicia ambiental, de la criminología verde y del reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano”, explicó la Dra. Cedillo González. 

Asimismo, detalló la consideración de más de 40 indicadores englobados en cuatro rubros a calificar: la problemática del crimen e injusticia ambiental, la importancia de los daños, riesgos e incumplimientos de programas y la falta de capacidad de las instituciones a nivel estatal. Así las entidades podrían alcanzar una puntuación máxima de cuatro unidades, por desgracia la mejor evaluada fue Durango con 2.31 puntos, mientras el promedio nacional fue de 1.43. Por lo tanto, “podemos decir que prácticamente en todos los estados la problemática de impunidad es muy marcada, se comparte con una relacionada con la falta de interés de recursos y de capacidades a nivel estatal para garantizar el nivel la protección de ecosistemas”, expuso el Dr. Le Clercq Ortega. 

También exteriorizó que no existe una cultura de denuncia a nivel ambiental, adicionado a la poca confianza de las comunidades sobre las autoridades, al pensar en un involucramiento tanto en el delito como en prácticas extractivas, por lo tanto, utilizan otro tipo de mecanismos para defender el acceso a sus recursos. “A lo largo de nueve años se han denunciado alrededor de 323 delitos estatales ambientales, (es decir) en promedio cada año se cometieron 35.84 delitos”, eso habla de la impunidad sufrida en México en materia de ecosistemas, comentó el decano de Ciencias Sociales de la UDLAP. 

Ambos autores concordaron hacia el final de su ponencia que aun queda mucho por hacer para mitigar los niveles de impunidad sobre el medio ambiente, siendo un paso importante el generar estadísticas, además de censos especializados en política, delito y violación a los derechos humanos ambientales; los cuales ayudarían a entender y visualizar los problemas a atacar. “Para nosotros la problemática de la justicia y de la impunidad ambiental tiene que considerarse como parte de la discusión de la crisis climática global y la ambiental en general, es un nuevo componente que va de la mano con la mitigación, adaptación y materializan a nivel local el daño, el sufrimiento y la victimización”, expuso  el Dr. Juan Antonio Le Clercq.