La vulnerabilidad de las víctimas de delitos en Puebla se agudiza ante la falta de asesores jurídicos, según un reporte de la organización México Evalúa.

La entidad tiene apenas entre 1 y  0.1 asesores jurídicos por cada 100 mil habitantes, una de las tasas más bajas del país.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales se detalla que uno de los derechos de las víctimas de los delitos es contar con un asesor jurídico gratuito y recibir asistencia, sin embargo, la cantidad de personal enfocado a esta tarea es una de las más bajas. 

México Evalúa clasificó a las entidades en seis grupos, de acuerdo con la tasa de asesores jurídicos por cada 100 mil habitantes. Chihuahua sobresale a nivel nacional al ser una entidad que no tiene ninguno.

Puebla, junto con otras 14 demarcaciones del país, fue clasificado entre los estados  que tienen entre 1 y 0.1 funcionarios de este tipo por cada 100 mil habitantes. Entidades con problemáticas similares son Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

El asesor jurídico puede intervenir en diferentes etapas del proceso penal. En la inicial puede formular la denuncia, participar en la audiencia, solicitar medidas cautelares y tienen acceso libre a la investigación del ministerio público.

Además puede asesorar a las víctimas, participar en la audiencia intermedia, desahogar pruebas, interrogar, pedir certificaciones al titular del centro penitenciario, entre otras, según México Evalúa. 

Colima también destaca a nivel nacional por tener más de cuatro asesores jurídicos por cada 100 mil personas, el porcentaje más elevado en el país. El promedio nacional es de 1.3 por cada 100 mil mexicanos. En el país suman mil 256 los asesores jurídicos, según el análisis de la asociación civil.

Según el reporte, cada asesor jurídico en Puebla tuvo que hacerse cargo de 95.75 casos, en promedio, a lo largo del año  2020. Veracruz fue la entidad que reportó una mayor carga de trabajo por asesor, con 381 casos. 

La figura de los asesores jurídicos es fundamental con el cambio del sistema penal ya que con el anterior sólo se daba un defensor al imputado, pero no a la víctima, ésta se conformaba con el respaldo del ministerio público o  tenía para pagar un abogado, explicó el experto en el tema, Francisco Tlahuicole Hernández.

Tlahuicole Hernández precisó que anteriormente el ministerio público tenía un papel dual en donde fungía como una parte el órgano acusador, pero también el defensor, entonces si este funcionario cometía un error ya no había forma de repararlo. 

Ahora con la figura de asesor jurídico puede incluso ir en contra de las determinaciones del ministerio público para defender los intereses de la víctima, aunque actualmente hay poco persona que pueda cumplir con esta función, acotó.