La Comisión Europea ha abierto un expediente a Budapest por la norma que prohíbe la difusión de contenido LGTBI en ámbitos donde haya menores, al considerar que viola la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en puntos como la libertad de expresión y la no discriminación. Así mismo, Polonia se hace acreedor a un procedimiento infractor por las llamadas zonas libres de ideología LGTBI creadas en varios municipios.

La legislación aprobada por el Parlamento húngaro prohíbe que se difunda contenido LGTBI en cualquier ámbito en el que haya menores. Eso afecta a las escuelas y a los medios de comunicación, pero varias ONG creen que en última instancia el veto puede llegar a la propia calle.

Bruselas cree que esa ley vulnera cuatro normas comunitarias —la directiva de Servicios Audiovisuales, la de Comercio Electrónico, la de Transparencia del Mercado Único y la de Protección de Datos— y viola la prestación de bienes y servicios de forma transfronteriza.

Además, Bruselas advierte, que las disposiciones húngaras violan “la dignidad humana, la libertad de expresión e información, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la no discriminación”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha enviado una carta de emplazamiento a Hungría por otra norma que obliga a los editores de libros a incluir una advertencia de descargo de responsabilidad en los libros con contenido LGTBI que señale que estos recogen “comportamientos que se desvían de los roles de género tradicionales”.

Las acciones de Hungría y Polonia amenazan con extenderse a otros países que también han ido regulando en materia de derechos LGTBI. Ante ese riesgo, la Comisión Europea ha decidido finalmente abrir expediente a Varsovia por el centenar de localidades que se han declarado zonas libres de ideología LGTBI. Hasta ahora, Bruselas había optado por congelar los fondos destinados a esos municipios.

Ahora, la Comisión ha abierto expediente a Polonia por no haber entregado la información que se le había requerido sobre la actuación de esos ayuntamientos.

Los expedientes ahondan todavía más la brecha entre Bruselas y los dos Gobiernos ultraconservadores, justo después de que Mateusz Morawiecki primer ministro polaco se haya negado a acatar las órdenes de la justicia europea y a las puertas de la presentación de los informes sobre el Estado de derecho de la UE.

Hungría y Polonia tienen ahora dos meses para responder a la Comisión Europea. Si su respuesta no convence a Bruselas, el Ejecutivo comunitario puede enviarles una opinión razonada, que es el paso previo a ir al TJUE.