El Ejecutivo del estado tendrá un plazo perentorio para publicar en el Periódico Oficial del Estado (POE) las reformas y decretos aprobados por el Congreso del estado y no como sucede ahora que aplaza indefinidamente su publicación y, por tanto, su entrada en vigor.

El gobierno dilató la promulgación de reformas sin alguna explicación, como ocurrió con  la “ley Agnes” o de identidad de género autopercibida.

Actualmente, el Ejecutivo del estado tiene un plazo de 15 días para hacer observaciones a los dictámenes pero, una vez aprobados, no tiene plazo para publicarlos. De prosperar la iniciativa, la promulgación tendría que realizarse en menos de un mes.

Para esto se plantea reformar el artículo 64 de la Constitución del estado. A la fracción IV, que actualmente señala el plazo de 15 días para vetar un dictamen, se propone agregar:

“Vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente del Congreso del Estado ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente”.

El diputado Abundio Sandre Popoca (del PRD) presentó la iniciativa para que el plazo de publicación únicamente sea de 10 días naturales tras vencerse el periodo que tiene el gobernador para vetar reformas. Su propuesta se remitió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posible aprobación.

En 2018 el Congreso local ya había establecido un plazo para la promoción de dictámenes, e incluso expidió la Ley del Periódico Oficial del Estado, pero el entonces gobernador Antonio Gali Fayad se negó a promulgar las nuevas disposiciones.

Tras concluir el mandato del PAN y arribar al cargo el morenista Miguel Barbosa Huerta, la LX Legislatura ya no retomó el tema y no volvió a legislar al respecto.

No obstante, en el actual gobierno retrasó  la promulgación de reformas sin alguna explicación, como la “ley Agnes” o de identidad de género autopercibida, mientras que han habido casos irregulares debido a la discrecionalidad con la que se utiliza el POE.

El año pasado no se habían promulgado las reformas electorales promovidas por Barbosa Huerta, pero tras ventilarse esta situación en medios de comunicación, sorpresivamente apareció en el POE un decreto que antes no estaba, mientras que en la ley se “parchó” la reforma.