La Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla obstaculiza la garantía del derecho al acceso a la justicia a familiares de víctimas de mujeres asesinadas por motivo de género, acusó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). 

El OCNF, integrada por 43 organizaciones de la sociedad civil de 23 estados de la República, ha documentado diversas prácticas contra familiares y contra asesores jurídicos, que atentan contra la defensa de los derechos humanos.

La organización señaló que el mes pasado durante las diligencias para el seguimiento a casos de feminicidio, en las que se omiten los datos personales de los familiares de las víctimas, por seguridad, fueron intimidados con acciones en su contra.

Además alertaron que la violencia feminicida en Puebla es preocupante y al menos en el primer trimestre del 2021, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, ha documentado el asesinato de 29 mujeres, de los cuales sólo 10 casos se investigan como feminicidio.

En el mismo periodo se han registrado 762 casos de violencia sexual, que incluyen violación, abuso y acoso, entre otros delitos sexuales, señaló el OCNF.

El observatorio agregó que es preocupante la violencia en Puebla pues su ubicación geográfica hace que los delitos cometidos en su territorio  impacten en el estado de Tlaxcala y en la Ciudad de México.

Ante "la prevaleciente impunidad es necesario que las autoridades estatales y municipales ubiquen a la violencia contra las mujeres como una problemática que requiere atención urgente y permanente", destacó.

Su  demanda es que se atiendan de manera diligente y prioritaria las carpetas de investigación relacionadas con los delitos de género y que se investigue incorporando la perspectiva de género, intercultural y de derechos humanos, a fin de garantizar el acceso a la justicia y de evitar la revictimización de las víctimas, así como de sus familias y  que haya colaboración con los equipo jurídicos.

"Al Gobierno del Estado de Puebla, hacemos un llamado para que, de ser necesario, recurra al órgano interno de control para sancionar a los funcionarios públicos que por acción u omisión vulneran la garantía del ejercicio de los derechos humanos y obstaculizan el acceso a la justicia, violentando el artículo primero Constitucional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Declaración Universal para Personas Defensoras de los Derechos Humanos, entre otras normativas nacionales e internacionales", destacó.