La obligación de que usuarios de telefonía registren sus datos biométricos viola la Constitución y atenta contra los derechos humanos, aseveró Diego Valadés Ríos, constitucionalista y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM .

Con la reforma aprobada por el Senado “el Estado estaría transfiriendo a los usuarios de la telefonía móvil el problema de su incapacidad para resolver el tema de inseguridad, pues los particulares seríamos ahora quienes pagaremos las consecuencias de que las autoridades no estén cumpliendo con su obligación de darnos seguridad”, aseveró.

En apretada votación en la Cámara Alta, se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y diez abstenciones la minuta que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en el que todos los dueños de celulares estarán obligados a darse de alta y registrar sus datos biométricos (huellas dactilares y reconocimiento facial y del iris) o de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados.

Valadés Ríos, también ex procurador general de la República, subrayó que esto viola dos artículos del capítulo de derechos fundamentales de la Constitución: el 6 y el 20, además de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

El artículo 6, dijo, establece que el acceso a las telecomunicaciones es un derecho que el Estado debe garantizar sin arbitrariedades y debe ser inclusivo, pero con estas reformas lo hacen excluyente, pues quien no aporte sus datos personales, no tendrá acceso a las telecomunicaciones

Añadió que ese postulado constitucional también asienta que el acceso a las comunicaciones debe ser ser libre y sin intereses arbitrarios, pero con la obligatoriedad de registrar los datos biométricos “ese acceso estaría condicionado y expuesto a injerencias arbitrarias porque se va a disponer de nuestros datos personales”.

El artículo 20 confiere la presunción de inocencia a todos a quienes son imputados de un posible delito, pero  las modificaciones aprobadas “nos convierte a todos, no sólo sobre los que hay un proceso penal, en presuntos culpables, lo que implica un trato de delincuentes a los usuarios de telefonía móvil”.

En entrevista con el diario La Jornada, Valadés Ríos llamó a que prevalezcan el sentido común y el respeto por la Constitución a fin de que para revertir estas modificaciones una fracción del Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales puedan presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad y que los usuarios de telefonía móvil podrían gestionar amparos.