En Puebla se castigará con cárcel, multas, destitución e inhabilitación a los servidores públicos que oculten los resultados de pruebas toxicológicas de personas detenidas.

El Congreso del estado aprobó este martes que dichos actos sean considerados un delito contra la procuración y administración de justicia.

Esto bajo la premisa de que los resultados toxicológicos permiten al Ministerio Público aclarar con más facilidad un hecho delictivo, así como integrar una carpeta de investigación más sólida, para vincular a proceso a los responsables.

La reforma aprobada con 29 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones, fue impulsada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Su iniciativa se avaló tal cual la envió a principios de mes y con ella se reformó el artículo 421 del Código Penal del estado, que enlista hasta ahora 39 acciones que constituyen delitos contra la procuración de justicia.

Lo referente a los exámenes toxicológicos se estableció en la fracción 9 de dicho artículo, para que también sea un delito:

“Negarse a integrar o proporcionar la información pericial resultado del examen a personas relacionada con alcoholemia o drogas prohibidas, en su caso, a la carpeta de investigación”.

Las sanciones por esta práctica estarán en el mismo articulo 421, pues actualmente advierte que las acciones que enlista se castigan con cárcel, multas, la destitución o la inhabilitación.

“En todos los delitos previstos en el presente artículo, además de la prisión y multas previstas, la servidora pública o servidor público será destituida o destituido e inhabilitada o inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”, sentencia.

En la sesión también se recibió la renuncia de Gabriela Sierra Palacios al cargo de comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Itaipue), así como la solicitud de licencia del diputado Javier Casique Zárate (del PRI).