La organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI) solicitó al gobierno del estado fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, y dejar de hostigar a integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

A través de un pronunciamiento público, PCCI condenó que el Comité lleve a cabo su labor a pesar de la reducción de recursos con el aval del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien públicamente ha descalificado a sus comisionados integrantes.

Cabe recordar que el 11 de noviembre, el entonces presidente, Daniel Alejandro Valdés Amaro refirió que llevaban 11 meses laborando sin oficinas ni salarios.

“La denuncia que hacen los ciudadanos en el Informe sobre la obstaculización que sufre el buen funcionamiento del SEA deja en claro que las instituciones públicas que lo conforman parecen estar coludidas para que persista la impunidad y no se prevenga ni castigue la corrupción”, acusaron.

Recordaron que las instituciones que conforman el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno no están cumpliendo con aquello que la Ley les obliga, a pesar de haber recibido más de 410 millones de pesos de presupuesto.

Se trata de la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Consejo de la Judicatura, que este año, no presentaron su plan anual, no han trabajado con la parte ciudadana del sistema, tienen paralizada la política anticorrupción y entorpecieron el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva, debido a que renunció el secretario técnico, Héctor Reyes Pacheco.

Ante esta situación, la organización refiere que en Puebla no existe la voluntad política del Comité Coordinador ni del gobierno del Estado para combatir la corrupción ni la impunidad.

“Las investigaciones llevadas a cabo por PCCI (La trama Audi y el caso del gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido) fueron llevadas por el CEPC a los miembros del Comité Coordinador, para que llevaran a cabo los exhortos correspondientes y esclarecer estos presuntos hechos de corrupción. Sin embargo, nada ha ocurrido. ¿De qué sirve que la sociedad civil aporte indicios de hechos de corrupción si las instituciones encargadas de investigar y sancionar no hacen su trabajo?”, cuestionaron.

Finalmente, defendieron el trabajo del Comité de Participación Ciudadana que va desde las reformas a la ley estatal anticorrupción, el litigio estratégico, la política municipal anticorrupción, la vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y la exigencia de rendición de cuentas sobre los gastos del gobierno durante la pandemia, que fue respaldada por ésta y otras organizaciones de la sociedad civil.