Integrantes del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) solicitaron la intervención de la Presidencia de la República y los Poderes de la Unión, ante la persecución política de parte del gobierno de Luis Miguel Barbosa en contra del rector, Alfonso Esparza Ortiz, a fin de que se evite la “fabricación” de delitos.

Así se plantea en una carta abierta publicada este lunes y que va dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, además de los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los presidentes del Senado, así como la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En el documento, los consejeros aseguraron que existe “intromisión” del titular del Poder Ejecutivo en la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se emprendan “acciones arbitrarias no sólo contra la cabeza de la universidad”, sino también de su familia y otros funcionarios universitarios.

Desplegado Buap.pdf by reportero econsulta

Asimismo, señalan que estas acciones son una represalia ante la negativa del rector para renunciar a su cargo y para entregar al gobernador morenista el control de la BUAP.

“Por este medio, hacemos un urgente llamado a los Poderes de la Unión y a los órganos autónomos de procuración de justicia, auditoría y contraloría para que, en el marco de sus facultades y del respeto al federalismo, intervengan en el estado de Puebla; toda vez que el ejercicio del gobierno local, encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, atenta contra los derechos fundamentales de los poblanos, especialmente en materia de seguridad, certeza jurídica y libertad de pensamiento”, acusan.

En la carta mencionan que el conflicto empezó en 2019, cuando la Auditoría Superior del Estado a cargo de Francisco Romero Serrano buscó solo fiscalizar 11 meses de ese año. Después, a mediados de octubre pasado, este organismo difundió en sus redes sociales que interpuso denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra Esparza Ortiz por presuntas operaciones que superan los 264 millones de pesos. Los señalamientos “violan la presunción de inocencia”, reprocha el Consejo.

“También son ejemplo de esta ya evidente persecución las denuncias infundadas y “anónimas” que la Fiscalía General del Estado ha aceptado y dado trámite contra el rector, Alfonso Esparza y, especialmente, contra su familia; éstas por supuestos tratos comerciales con empresas sin mediar una investigación seria sobre la presunta vinculación con la Universidad, y sin contemplar los análisis imparciales que otras instancias, incluso federales, han realizado sobre la gestión financiera de esta institución”, agregan.

Los miembros del Consejo Universitario informaron que apoyarán las acciones legales realizadas por el rector para salvaguardar su integridad, la de su familia y cualquier otra autoridad universitaria.

Asimismo, señalan que el rector Alfonso Esparza está abierto a participar en las revisiones legales competentes, pero con órganos independientes e imparciales, pues con las diversas acusaciones están manchando su imagen.

Por otra parte, destacaron los logros de la institución y su apoyo a la comunidad en estos momentos por la contingencia sanitaria de Covid-19.

Los consejeros universitarios confían en que el gobierno de Miguel Barbosa apoyará la propuesta de que las investigaciones pendientes y sus presuntas pruebas con anomalías sean analizadas y acompañadas por instancias de justicia y de auditoría federal; de lo contrario, la administración de Luis Miguel Barbosa exhibirá una “tendencia totalitaria y dictatorial”.

“Desconocemos a cualquier persona o grupo que pretenda poner de rodillas a nuestra universidad, pues carece de toda autoridad política y, sobre todo moral, para hacerlo. Hay quienes actúan por conveniencia y quienes actúan por deber. Nosotros los universitarios lo hacemos por deber, el sagrado deber de defender a nuestra institución y su carácter público, libre y autónomo”, concluye.