Así lo da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dentro del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2020, donde se da cuenta de los procesos de control interno, transparencia y sistema anticorrupción en los estados.

De acuerdo con ese censo anual, Puebla fue una de las 10 entidades donde el año pasado se aplicaron protocolos establecidos en un plan o programa anticorrupción con mecanismos de declaración patrimonial de servidores públicos y denuncias ciudadanas.

Mínimas sanciones

A pesar de que Puebla ocupa el lugar 19 a nivel nacional en el número de quejas o denuncias contra servidores públicos, tan sólo el 3.67 por ciento de estas termina en un proceso administrativo.

De las 600 acusaciones documentadas el año pasado, nada más en 22 iniciaron procesos que involucraron a 26 servidores públicos, la mayoría señalados a través de escritos, que fue la vía de denuncia más común en Puebla.

Dentro de los 22 procesos iniciados en 2019, solamente tres concluyeron todo el trámite hasta llegar a la sanción de 10 funcionarios, los cuales fueron señalados de faltas administrativas no graves.

El Inegi detalla que de la decena de sancionados, cinco ameritaron una inhabilitación temporal, a dos se les hizo una amonestación pública, al mismo número se le suspendió y a uno se le hizo una amonestación privada.

Detectan 117 anomalías en auditorías

El informe también aborda la transparencia y rendición de cuentas de los organismos, para lo cual el pasado año se realizaron 173 auditorías, de las cuales la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal y la Auditoría Superior del Estado (ASE) acumularon la mayoría, con 56 y 57, respectivamente.

Mientras que la Secretaría de la Función Pública Federal y la Auditoría Superior de la Federación, realizaron 26 y 34 auditorías, respectivamente, durante el 2019 en Puebla.

De dichas auditorías se detectaron 117 observaciones o anomalías, de las cuales 42 corresponden a la Secretaría de la Función Pública Estatal; 14 a su homóloga federal; 46 a la Auditoría Superior del Estado y 15 al mismo ente federal.

Se contesta el 95.9% de las solicitudes de transparencia

En el mismo rubro de transparencia, el Censo Nacional de Gobierno 2020 muestra que en Puebla se dio respuesta al 95.9 por ciento de las solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales que fueron realizadas el año pasado, lo que representa 9 mil 866 contestaciones hechas por el órgano de control, que en este caso es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (Itaipue).

A nivel nacional Puebla ocupa la tercera posición en el número de solicitudes de transparencia, por debajo de Jalisco que registró 120 mil 538 y Ciudad de México con 77 mil 177 peticiones.