El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad de Puebla (Suntuap) negó que la toma de nota que busca obtener vaya a ser una forma en la cual el gobierno del estado intervenga en el proceso electoral que tendrá la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) el próximo año.

Ernesto Hernández, secretario de Organización del Suntuap y trabajador de la Biblioteca Central, señaló que si bien han sostenido reuniones con la Secretaría de Gobernación estatal, han sido exclusivamente para exigir la toma de nota que por derecho les corresponde.

Durante una rueda de prensa, aseguró que con ello no se busca desestabilizar a la BUAP pues "ya no son los años 70 cuando todo se resolvía con violencia", por lo que recalcó que buscarán que todo sea a través del diálogo y del estado de derecho.

"El hecho de que a nosotros se nos dé la toma de nota y nos permita apoyar a nuestros compañeros trabajadores universitarios en la defensa de sus derechos laborales, no implica que eso provoque inestabilidad. Durante todo este tiempo a nuestro sindicato se le ha negado la toma de nota", recalcó Ernesto Hernández.

Lo anterior se dio luego de que el secretario general del Suntuap, Guillermo López Mayo, denunció el bloqueo por parte de Mario Arturo Daza Buendía, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), y reprochó que haya sido la única instancia de protección a derechos humanos o laborales que haya estado cerrada durante la pandemia.

López Mayo señaló que el bloqueo de la JLCA también guarda relación con la falta de comunicación de su titular con la Secretaría del Trabajo, pues recordó que el actual encargado de la dependencia, Abelardo Cuéllar Delgado, ha tenido toda la disposición para dar trámite a su caso.

El dirigente reconoció que existe una amistad con Abelardo Cuéllar, quien en su momento fue el representante legal del sindicato y que a través de amparos les permitió recuperar la posesión del predio en el antiguo Rancho de Vaquerías, pero descartó que haya favoritismo pues indicó que siguen sin recibir la toma de nota.

Los sindicalistas confirmaron que actualmente hay una disputa legal por ese predio con José Luis Espinosa Vega, exrepresentante legal, que exige el pago de sus honorarios, pero que por la falta de la toma de nota no han podido defenderse legalmente, dejando en desamparo a 150 familias de las cuales 100 tienen casas ahí y el resto está construyendo.

Sobre la situación legal del predio, López Mayo reconoció que existe un adeudo de aproximadamente 3 millones de pesos por concepto de pago predial con el Ayuntamiento de Puebla, mismo que asegura pagarán en cuanto se les restituya la afectación que les quitó terreno aprovechable con la construcción del Bulevar Carmelitas, por el cual les adeudan aproximadamente 15 millones de pesos.