En casi dos años de gestión, la alcaldesa de Puebla Claudia Rivera Vivanco acumula 43 sanciones administrativas en contra de funcionarios públicos por posibles actos de corrupción, mientras que el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta reporta un caso.

Apenas este lunes la presidenta municipal anunció el despido de la secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable, Beatriz Martínez Carreño y del director de Medioambiente Ismael Cuoto Benítez, mientras que la semana pasada ocurrió lo mismo con Fernando David Letipichia Castro, quien se desempeñaba como director de Desarrollo Urbano.

Sobre las destituciones, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo estar a favor, pero indicó que aún espera que se finquen responsabilidades por presuntas corruptelas durante los gobiernos de los exalcaldes panistas José Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato.

Van 43 sanciones en el municipio

El ayuntamiento capitalino reporta en la Plataforma Nacional de Transparencia 43 sanciones contra funcionarios públicos por posibles actos de corrupción, entre amonestaciones, sanciones económicas, destituciones del cargo e inhabilitaciones.

Cabe señalar que un mismo funcionario puede tener hasta tres diferentes sanciones.

Del total, 6 corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, que constituyeron el primer trimestre de la administración de Rivera Vivanco. En 2019 los casos ascendieron a 29 y entre enero y julio de 2020 suman 8.

De las seis sanciones establecidas al inicio de la gestión de la morenista, cinco corresponden a policías y una a un juez calificador.

Ya en 2019, los 29 casos tienen que ver con policías y analistas que fueron sorprendidos en actos de corrupción como la solicitud de dinero para evitar multas o por realizar trámites en menor tiempo que el establecido. 

En 2020 se registra el mismo comportamiento de los años anteriores, que tiene que ver con sanciones a funcionarios cuyos rangos son menores, pues en este año destacan analistas y el de mayor jerarquía corresponde a un coordinador técnico.

Gobierno de Barbosa reporta una sanción en un año

A su vez la Secretaría de la Función Pública de Puebla (SFP) notifica una sola sanción durante el primer año de la gestión del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Así se indica en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados que administra la Función Pública a nivel federal con datos de los estados.

El único registro es el de Raúl Rodríguez Zozoaga, un médico ginecólogo sancionado por “negligencia administrativa” con una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos, a partir de octubre de 2019.

Cabe señalar que en la Plataforma Nacional de Transparencia no figuran registros de sanciones por parte de la administración estatal.

Sí hay procesos penales

En contraste, Felipe Patjane, Eukid Castañón y Oscar Chapa son los personajes que enfrentan procesos penales durante el primer año del gobierno de Luis Miguel Barbosa.

El 16 de noviembre fue detenido Felipe Patjane Martínez, presidente municipal de Tehuacán, por presunto Uso Ilícito de Facultades y Atribuciones en agravio del Ayuntamiento, según una investigación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

Casi un mes antes, el 13 de octubre, el gobernador anunció una “limpia” en el gobierno municipal debido a que estaba “poblado” de panistas y priístas, además señaló que la comuna no tenía viabilidad financiera porque arrastraba una deuda de 120 millones de pesos.

Fue el 18 de marzo pasado cuando el ex diputado local y federal, Eukid Castañón Herrera, uno de los principales operadores políticos de Rafael Moreno Valle, fue detenido por agentes ministeriales de Puebla, acusado del delito de extorsión.

Ya preso se le sumaron procesos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, amenazas y falsedad en declaraciones.

El dos de julio Óscar Chapa Palomeque, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido, fue detenido por los delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, derivados de la compra de uniformes y zapatos escolares para el ciclo escolar 2019-2020 a supuesto sobreprecio.

De acuerdo con Barbosa Huerta hay otras personas involucradas en la compra irregular de las prendas.