El Observatorio Laboral Poblano acusó que la disolución del Cabildo de Tehuacán que pretende el Congreso local es una venganza política y exigió permitir el arribo de los regidores suplentes.

La organización denunció este domingo que la extinción del Cabildo es una consigna del gobernador Miguel Barbosa Huerta y por eso le demandó “sacar las manos” del procedimiento.

Esto al calificar de persecución la reciente detención del regidor Víctor Canaán Barquet; el extesorero municipal Andrés Escobedo Calderón; la excontralora, Zamira Canaán Cerón y la excoordinadora de licitaciones, Ana Lucia Sánchez Reyes, todos ligados al alcalde constitucional, Felipe Patjane Martínez, preso desde noviembre de 2019.

En rueda de prensa el colectivo denunció una serie de ilegalidades en el proceso a unos días de que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales emita la resolución.

El líder del observatorio, Marco Mazatle Rojas, señaló que es ilegal no haber llamado a los regidores suplentes a las audiencias para permitirles presentar sus alegatos.

Como un abuso consideró la intención de desaparecer todo el Cabildo en vez de solo sancionar de forma particular a los funcionarios responsables de las supuestas anomalías que se imputan.

Tras exhibirse el viernes en sesión de la comisión un rechazo injustificado de pruebas y documentación oficial presentada como defensa por los regidores propietarios, reclamó que es evidente la violación al debido proceso por parte de los legisladores.

Ven exceso de atribuciones de diputados

El observatorio además acusó un “abuso de autoridad, exceso de poder y hasta un comportamiento dictatorial” por parte de los diputados por pretender la desaparición del Cabildo por delitos que no le tocan juzgar.

Recordó que se acusa usurpación de funciones, corrupción, alteración de procesos y fallos de licitaciones, así como entrega irregular de contratos, lo cual son actos que corresponden investigar a la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Al Congreso de Puebla le recordamos que se está extralimitando de sus funciones, no es una autoridad judicial y quiere suplir funciones del Órgano Interno de Control para aplicar sanciones, cuando es facultad de la Fiscalía General del Estado determinar las responsabilidades penales”, enfatizó la organización.

Como el alcalde suplente Andrés Artemio Caballero López ya impugnó el procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el colectivo advirtió que le “corregirán la plana” a la Comisión de Gobernación si no corrige el procedimiento.

En este sentido, demandó a los diputados permitir que los regidores suplentes presentar alegatos; procesar y sancionar únicamente a los funcionarios involucrados en las presuntas anomalías y no disolver el Cabildo, sino permitir que los suplentes asuman el cargo de los regidores que sean destituidos.

Foto: Agencia Enfoque