Solo 300 de las 17 mil unidades del transporte público que circulan en Puebla han sido renovadas por los concesionarios a 10 meses del compromiso que hicieron para que se autorizara un aumento a la tarifa del pasaje, lo que representa apenas al 1.7 por ciento del total.

El incumplimiento de ese compromiso se suma al fracaso para colocar dispositivos de seguridad como cámaras, botones de pánico y localizadores satelitales en los vehículos para conectarlos al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) a fin de reducir asaltos.

Concesionarios en la entidad argumentaron que debido a la crisis económica por la pandemia de coronavirus ven difícil cambiar sus vehículos por unos que no rebasen la antigüedad de 10 años permitida por la legislación local.

En octubre de 2019, la administración del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta autorizó un aumento de 2.5 pesos a la tarifa del transporte público a cambio de la modernización de las unidades y su equipamiento con dispositivos de seguridad como cámaras, localizadores satelitales y GPS.

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Argumentan bajos ingresos

Jorge Gómez Gil, quien es integrante de la Unión de Transportistas, indicó que de 17 mil concesionarios activos que hay en el estado, menos de 300 modernizaron sus unidades por unas que no alcanzaran la antigüedad de 10 años.

Hubo quienes contrataron los créditos que gestionó la Secretaría de Movilidad y Transportes en la entidad pero que ahora no pueden pagar, por la crisis económica provocada por la pandemia.

Por otra parte, comentó que entre sus compañeros cambiaron microbuses de 1.8 millones de pesos de valor ya acondicionados, por camionetas tipo van que tienen un costo cercano a los 800 mil pesos, pero también generan menos ganancias al transportar a menos personas.

En ese sentido, aseguró que no será posible que en el futuro se cumpla el compromiso de la modernización, pues los ingresos no son suficientes y empeoraron con las medidas sanitarias que indican que las unidades deben circular a un 50 por ciento de su capacidad.

Ahora expuso que el aumento de 2.5 pesos que autorizó el gobierno del estado para que el pasaje llegara a 8.5 pesos ya es insuficiente para cumplir con la renovación de las unidades, pues de acuerdo con sus estudios técnicos, para que tengan rendimientos reales el pasaje debe ubicarse en 15 pesos.

“No se tiene dinero suficiente para pagar combustible, mantenimiento y los conductores no quieren trabajar. Es imposible renovar el transporte público”, comentó.

Para autorizar el aumento a la tarifa, se establecieron compromisos a los transportistas que quedaron asentados en un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, entre los que destaca la modernización de las unidades.

En cuanto a la seguridad, deben colocarse botones de pánico y localizadores satelitales (GPS) para conectarse al Centro de Comando C5 que se encuentra en Cuautlancingo y que depende de la administración estatal.

Además se establecieron supervisiones semestrales de antecedentes penales y la elaboración de un padrón único de choferes para que quienes sean retirados de alguna ruta no sean contratados en otra.

La administración estatal aseguró que habría operativos para verificar que los concesionarios cumplieran con los compromisos firmados, pues de lo contrario se les retiraría la concesión.