La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó, de forma unánime, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que realice las acciones necesarias para generar información estadística de las personas que habitan en asentamientos informales del país. Consideró además, que la ausencia de esa información es violatoria de los derechos humanos al impedir que se diseñen políticas públicas que abarquen a toda la población. La decisión surge tras un amparo que la organización TECHO realizó al INEGI por no censar asentamientos humanos del país.

La resolución se da tras una solicitud de acceso a información pública que la organización TECHO realizó ante el INEGI en 2018 sobre la población que vive en asentamientos informales. Tras reconocer la institución que carecía de esa información, es ahí cuando organización decide presentar un amparo contra esa omisión. El caso fue posteriormente atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (expediente 635/2019) y hoy finalmente resuelto en favor de la organización.

La sentencia de la Primera Sala, redactada por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, es histórica porque no sólo ordena al INEGI subsanar esta omisión, sino que es la primera vez que el más alto tribunal del país aborda la situación de los asentamientos informales y los reconoce como uno de los sectores más excluidos del país, principalmente por las violaciones que tienen en su acceso a una vivienda adecuada. Asimismo, reconoce que la información estadística es un prerrequisito para que las autoridades puedan garantizar el derecho a la vivienda.

“Es un día histórico: el primer paso para resolver un problema es conocerlo. Con esta decisión, México podrá estar a la altura de otros países de la región para diseñar políticas que resuelvan la expresión más cruda de la desigualdad de las ciudades: los asentamientos populares. Nos ponemos a disposición para aportar desde la experiencia de 23 años en asentamientos de Latinoamérica" señaló Emilia García, Directora General de TECHO México.

Por su parte, Kalycho Escoffié, abogado que colabora con TECHO, señaló que la sentencia “deja importantes precedentes para la defensa no solo del derecho a la vivienda, sino de los derechos económicos, sociales y culturales en general”. También comentó que tiene “un efecto simbólico porque pone sobre la mesa la situación de los asentamientos como un asunto de derechos humanos y por lo tanto que debe ser atendido con esa lógica”.

La organización indicó que corresponde ahora esperar a que pueda darse inicio al proceso de cumplimiento de la sentencia. También manifestó toda su disposición para colaborar con el INEGI en aras de lograr esta meta. Para ello, propuso crear una mesa de diálogo y coordinación en la que participen representantes del INEGI, así como otros actores académicos y de la sociedad civil que trabajan con asentamientos humanos.

Se calcula que en América Latina viven aproximadamente 113.4 millones de personas (el 23.5% de los habitantes de las ciudades) en asentamientos informales. A pesar de ello, en México no se sabe cuántos asentamientos de este tipo hay, cuántas personas viven en ellos y en qué condiciones. Incluso TECH, había expuesto esta situación en julio de 2017 durante una audiencia temática realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.