Siete de cada 10 niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en 2019 residían en la ciudad Puebla y los municipios metropolitanos, de acuerdo con un diagnóstico presentado este jueves por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ).

Se trata del Registro Hemerográfico de Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres Puebla 2019, desarrollado por el Programa de Análisis para la Incidencia en Violencia Feminicida.

En el análisis de notas y redes sociales se identificaron un total de 166 casos, de los cuales 80 se registraron en la capital poblana y el resto en municipios aledaños.

Con siete casos, Cuautlancingo ocupó el segundo lugar; empatadas con seis, se ubicaron San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula y Amozoc; cinco se registraron en Huejotzingo; dos en Ocoyucan;  y con una desaparición cada uno, se registraron Tlaltenango, San Pedro Cholula, San Felipe Teotlalcingo y Coronango.

"Es decir que en la zona metropolitana de Puebla ocurren la mayor parte de desapariciones y sólo se desconoce el 8 por ciento de los municipios en donde ocurrieron las desapariciones", explicó la coordinadora del programa, Samantha Páez.

Otras estadísticas revelaron que uno de cada tres casos ocurrió en el grupo más vulnerable, de 15 a 19 años de edad, lo que representó 51 de las 166 desapariciones.

Asimismo se destacó que en ocho por ciento de los casos las mujeres fueron halladas sin vida, que en un cuatro por ciento fueron, además, víctimas de algún delito.

En el análisis de la situación en Puebla se señaló que estas desapariciones se acompañan de inconsistencias de las autoridades a la hora de investigar.

En su intervención, María Luisa Núñez, integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos, expuso que mientras que en las nuevas oficinas especializadas de la capital del estado se recibe un trato aceptable, en el interior del estado persiste la estigmatización.

Un ejemplo de ello, dijo, se ha visto en el ministerio público de Tecamachalco donde las familias son prejuzgadas por funcionarios que deberían ponerse a investigar.

"Se decía que –las denunciantes- habían caído en ciertas mentiras y que muy probablemente estaban mintiendo en cuanto a su situación o que se habían ido con sus parejas", dijo.

En el caso de las desapariciones de mujeres, agregó Isabel Espinosa, coordinadora de Justicia en el CCSJ, la postura de las autoridades debería ser distinta por norma.

Dado los niveles de violencia en la entidad, recordó, se deben seguir protocolos que no sólo no estigmaticen sino que permitan acelerar procesos y disminuir riesgos.