En Puebla, de enero de 2012 a diciembre de 2018, se registraron 217 mujeres asesinadas. El estado reportó 20 feminicidios oficiales y 197 homicidios dolosos, con víctimas femeninas.

Sin embargo en Puebla la cifra negra es de 429, es decir, homicidios que debieron ser clasificados como feminicidios, señala la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Pero al no dar a conocer las causas de muerte, no se pudo determinar cuántos de estos homicidios debieron ser investigados como feminicidios.

“Si sólo se registran los asesinatos violentos de mujeres como homicidios, se invisibiliza el contexto de violencia de género en el que son asesinadas estas mujeres, muchas veces por gente cercanas a ellas. Frecuentemente son violadas, mutiladas y en algunos casos, sus muertes son el trágico desenlace de años de violencia”, se indica en la investigación “Feminicidas libres”.  

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El auto en el que una mujer fue asesinada por su pareja pasó tres años en un corralón de la fiscalía mexiquense sin que se tomaran huellas, muestras de sangre o de ADN. Los videos de las cámaras de seguridad del motel donde otra mujer fue violada y asesinada pasaron por varias manos antes de llegar a la policía, y por ello fueron invalidados como prueba. Un feminicida confeso fue retenido demasiadas horas por la policía, por lo que el juez anuló la confesión en la que ese hombre reconocía el asesinato de una mujer.

Esas son algunas de las aberraciones procesales por las que los jueces liberan a presuntos feminicidas, por las que se caen los juicios, y por las que los asesinos de mujeres están en las calles.

MCCI solicitó a las 32 entidades federativas desde marzo de 2019 las versiones públicas de las sentencias que resultaron en absolución de presuntos feminicidas en el periodo 2012-2018. Durante el anterior sexenio, hubo 739 condenas por feminicidio y 105 absoluciones, de 3,050 asesinatos de mujeres en condición de feminicidio en todo el país.

MCCI quería conocer las causas por las cuales se absuelve a presuntos feminicidas. Pero los sistemas de procuración de justicia de los estados fueron opacos y omisos en revelar esa información. Luego de cientos de solicitudes de información, solo fueron entregadas 18 sentencias absolutorias, de casos de apenas un puñado de entidades federativas. ¿Son pocas como para sacar conclusiones? No. Son demasiadas muertes de mujeres con una constante: impunidad increíble.

A partir de ese universo que no llega ni a la veintena, se pueden sostener que todas las liberaciones ocurrieron por fallas de debido proceso y no por duda fundadas sobre la responsabilidad del inculpado. Todas. En las 18 carpetas hay indicios, evidencias, testimonios, videos, objetos, vehículos, escenas del crimen, dictámenes periciales y elementos que, de haberse procurado correctamente, habrían bastado para que las víctimas de esos feminicidios tuvieran justicia, en vez de la sentencia de absolución de quienes dieron muerte a esas mujeres.

La otra cosa que se puede concluir a partir de esos casos, es que el feminicidio no solo es perpetrado por una persona, sino encubierto, o permitido de facto, por todo el sistema de justicia de los estados, que encima reservan los expedientes donde quedaría evidenciada su impericia y negligencia.

A ellas las están matando, y a ellos, a los asesinos, los están liberando.

En esos seis años, las Fiscalías Estatales han reportado oficialmente 3 mil 56 feminicidios. Sin embargo, a partir de las mismas solicitudes de información, en ese sexenio MCCI contabilizó 12 mil 374 casos más de mujeres asesinadas a golpes, asfixiadas o con rastros de violencia sexual o mutilación; y cuyas muertes no fueron reconocidas como feminicidios.