El Poder Judicial del Estado de Puebla está reprobado en la atención a mujeres víctimas de violencia durante la contingencia sanitaria del Covid-19, de acuerdo con un diagnóstico de la organización Equis Justicia Para las Mujeres.

Se trata del estudio (Des) Protección Judicial en Tiempos de Covid-19, que califica las medidas tomadas por los poderes judiciales de las 32 entidades federativas para dar seguimiento al acceso a la justicia pese a la suspensión parcial de actividades.

De los 100 puntos alcanzables en el diagnóstico, en el caso del Poder Judicial del Estado de Puebla sólo se alcanzaron 47.6 por ciento, por no tomar algunas de las medidas básicas o no hacerlo de manera explícita.

El diagnóstico parte de que con la crisis del Covid-19 es previsible que se deje de brindar atención al público, no corran plazos procesales, se limiten las actividades de impartición de justicia y administrativas al mínimo o, bien, se realizarán a distancia en algunos casos.

Sin embargo, las afectaciones en la actividad se pueden respaldar en la continuidad de seis medidas básicas que la organización revisó en todos los estados para evaluar si se aplican explícitamente, no explícitamente o simplemente no se consideran.

Estas son: las órdenes de protección en materia familiar y penal, las medidas precautorias en materia familiar, las medidas de protección en materia penal,  determinar pensión alimenticia, la operación de centros de convivencia familiar y aplicar políticas laborales internas para responder a las necesidades del personal frente a la crisis sanitaria.

En el caso de Puebla sólo se adoptó explícitamente continuar con las órdenes de protección en materia familiar y penal. Los procesos de pensión alimenticia continúan de manera no explícita. En tanto que laboralmente se tomaron medidas para proteger al personal en cinco de seis grupos vulnerables.

La autoridad no prevé medidas precautorias en materia familiar  ni medidas de protección en materia penal. Un punto más que se evaluó negativamente es que se cerraron los centros de convivencia familiar sin brindar alternativas como lo hicieron otros estados.

En el ranking de los poderes judiciales de los estados, los únicos que aparecen como aprobados son Querétaro, con 81 puntos; Nuevo León, con 80.7; Colima, con 71.6; Michoacán, con 66.7; y Baja California Sur, con 64.3.

Como reprobados, pero mejor evaluados que Puebla, están  Yucatán, con 59.5 punto; San Luis Potosí, con 57.1; Chiapas, con 54.8; Hidalgo, con 52.4; Nayarit y la Ciudad de México empatados con 50 por ciento.

El resto de las 10 entidades van de los 45.2 puntos que obtuvo Durango, a calificaciones de cero puntos, como en Guanajuato y Baja California donde sus poderes judiciales no emitieron medidas especiales para proteger a las mujeres en tiempos de Covid-19.

Al igual que otras actividades, el Poder Judicial del Estado de Puebla ha alargado plazos para reanudar actividades en función del avance de la contingencia sanitaria. En la última actualización adelantaron que prevén regresar para el 1 de junio.