En el Congreso de Puebla se demandó al gobernador Miguel Barbosa Huerta reasignar recursos públicos para crear un fondo para combatir la crisis por Covid-19, así como cancelar el cambio de placas vehiculares y el cobro de agua potable.

Los diputados presentaron este lunes diversos puntos de acuerdo para urgir al mandatario de Morena a ejercer acciones que mitiguen las afectaciones a la economía popular derivadas de la contingencia sanitaria.

En la sesión virtual de la Comisión Permanente la legisladora Vianey García Romero (de Morena), solicitó revisar el presupuesto del estado y prescindir de los rubros no prioritarios, para que el dinero que se reúna se destine a un fondo emergente.

Al presentar su propuesta pugnó porque lo recaudado se ocupe para insumos médicos, sanitarios o apoyos alimenticios a las personas que se vieron afectadas económicamente por la cuarentena.

Su exhorto también incluyó un llamado a los partidos políticos para solicitarles que renuncien a la mitad de su financiamiento público, para que el dinero también se sume al fondo en mención.

Cancelar reemplacamiento y cobro de agua

Por otro lado, también se exigió a Barbosa Huerta cancelar el canje de placas vehiculares que pretende, pues hasta ahora solo lo ha postergado de mayo a septiembre.

El diputado José Juan Espinosa Torres (del PT) presentó un punto de acuerdo para que el reemplacamiento se traslade hasta al otro año, al señalar que representa “un golpe” a los ciudadanos.

De acuerdo con la Ley de Ingresos, la expedición, canje o reposición de placas para el servicio particular cuesta 965 pesos este año, mientras que para remolques 730 y para motocicletas 405 pesos.

Espinosa Torres también presentó una iniciativa para que el cobro del agua se suspenda por el tiempo que dure la crisis sanitaria.

Con una reforma a la Ley del Agua para el Estado, busca que esta medida se aplique en la actual contingencia y en las que se puedan presentar en el futuro.

Su proyecto fue enviado a la Comisión de Medio Ambiente para su análisis y posible aprobación.

En la sesión de la Comisión Permanente también se dio entrada formal a la Cuenta Pública 2019, la primera del gobierno de Barbosa Huerta, para que sea enviada a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y se fiscalice.