Únicamente una denuncia penal por el ejercicio irregular de recursos federales ha fincado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Puebla, la cual corresponde al gasto del programa “Organízate” de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entregado al Comité Sistema Producto Bagre del Estado de Puebla, A.C durante el 2010.

La acusación involucra un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 141 mil 590 pesos otorgados a través del programa “Fortalecimiento a la Organización Rural, Sistema Producto” al mencionado Comité.

La denuncia penal fue presentada por la ASF al encontrar evidencias de “conductas dolosas” que advirtieron un delito respecto del uso de recursos públicos federales.

De acuerdo con el apartado “denuncias penales” del sitio electrónico de la ASF, Puebla contabiliza sólo un caso referente a la auditoría practicada al presupuesto del Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural, Sistema Producto de la Sagarpa correspondiente al 2010.

La revisión a los recursos en cuestión indica que la asociación mencionada presentó 12 recibos y  cuatro facturas presuntamente apócrifas para justificar el gasto de 188 mil 800 pesos, cantidad que representó el 40 por ciento del apoyo que recibió durante el 2012.

Mediante visitas domiciliarias a los proveedores y prestadores de servicios asentados en las facturas, la ASF encontró que los 12 recibos presentados por el Comité por supuestos servicios de arrendamientos de un inmueble eran falsos, pues el particular desconoció haberlos emitido a nombre de la asociación.

En tanto, por los supuestos servicios de mantenimiento y actualización de página web que la asociación asentó en la factura que presentó, el proveedor desconoció haber prestado algún servicio al mencionado organismo y aclaró que el documento fue emitido en una fecha diferente y a otra persona moral.

Mientras que por las facturas que la asociación presentó por concepto de presuntos servicios de transporte y consumo de combustible, la ASF detectó que el domicilio y teléfono asentado en el documento corresponde a una casa de materiales de construcción.