El INE investiga al PRI en Puebla por un posible desvío de 8 millones 417 mil 578.38 pesos, presuntamente cometido entre 2018 y 2019, años en que hubo elecciones de la gubernatura y alcaldías.

El Instituto Nacional Electoral (INE) sospecha del tricolor debido a un excesivo gasto en cartuchos de tinta y toner, que e-consulta exhibió desde el año pasado.

Las indagatorias involucran las gestiones de Lorenzo Rivera Sosa (2019), Javier Casique Zárate (2018) y la de Jorge Estefan Chidiac, que dirigió al tricolor en los primeros cuatro meses de 2018. 

El procedimiento contra los priistas se dio a conocer el pasado 21 de febrero por la Comisión de Fiscalización, que presentó en la sesión del Consejo General del INE su informe anual de quejas y denuncias resueltas y pendientes de resolver. 

El informe publicado en la página de internet del INE, señala que el expediente contra el PRI es el INE-P-COF- UTF/144/2019/PUE.

Las investigaciones comenzaron a finales del año pasado y continúan a la fecha, de cara a la renovación de la dirigencia estatal del tricolor.

El procedimiento lo inició de oficio la Comisión de Fiscalización, pues al revisar los informes anuales del partido, detectó gastos y facturas irregulares.

Gastan millones de tinta

El expediente del PRI no es público, pero el informe da una síntesis donde advierte que la investigación se debe a que:

“El sujeto obligado reportó egresos por concepto de toner’s y cartuchos que carecen de veracidad por un importe de $8,417,578.38 pesos”.

Tres empresas favoritas 

El año pasado e-consulta advirtió del gasto excesivo del PRI en cartuchos de tinta y tóner, pues solo en el primer semestre de 2019 había pagado 5 millones 336 mil 94.5 pesos en estos insumos.

De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el tricolor repartió ese monto entre cuatro empresas proveedoras:

Se trata de Corporativo Tecnológico Bytes SA; Tecnología Internacional Rouge; Adimu SA y Marrome SA., todas acreditadas ante el INE como proveedoras de partidos políticos.

Los pagos se hicieron en varios contratos, que iban de los 100 mil a los 400 mil pesos y eran avalados por Casique Zárate (de enero a marzo) y Rivera Sosa (de marzo a junio) de 2019.

Los otros 3 millones de pesos que también investiga el INE se derivan del ejercicio 2018, así como de la segunda mitad de 2019, en los que se otorgaron contratos con cantidades menores, pero con periodicidad sospechosa.