Que los organismos operadores de agua cuenten con una contraloría y una defensoría pública, integrada por ciudadanos y especialistas, se establece en la Ley Ciudadana del Agua que a nivel federal se presenta este martes y que recoge la experiencia de Puebla contra la privatización de ese recurso.

Así lo señaló Omar Jiménez Castro, abogado de la Asamblea Social del Agua, quien detalló que en Puebla esas figuras se dejaron en una ley secundaria incompleta y es por eso que los afectados con cobros irregulares han tendido que acceder a vías como los amparos. 

Según Jiménez Castro, uno de los principales propósitos de la nueva ley federal es acabar de tajo con la corrupción que se vive en los organismos operadores de agua, municipales, estatales y en la misma Conagua.

En la Ley Ciudadana del Agua también están previstos mecanismos para proteger las aguas de los pueblos originarios y hacerlo es importante pues especialistas estiman que en esas tierras se encuentra el 80 por ciento de las reservas naturales en buen estado, dijo Jiménez Castro. 

De lograrse la protección para los pueblos originarios, indicó, los beneficios se observarían incluso en las juntas auxiliares con población todavía indígena que se encuentran en la capital poblana. 

Representantes de la Asamblea Social del Agua participarán mañana en la presentación de la ley ante legisladores federales, luego de lo cual buscarán acercamiento con los representantes de Puebla en el congreso y el senado para solicitarles impulsar su aprobación. 

Antes de ser presentada ya tuvieron los primeros encuentros con los diputados de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo y Alfonso Pérez Arroyo.