El presidente Enrique Peña Nieto propuso al Congreso una nueva Ley Federal de Competencia que busca darle más atribuciones a la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y con las que podrá desincorporar activos, derechos y acciones de empresas consideradas como monopólicas.

El documento fue recibido ayer en San Lázaro, y se espera que este jueves se le dé entrada formalmente, y se turne a comisiones.

Según la nota del periódico El Universal, la propuesta del Ejecutivo contempla imponer multas y otras “medidas punitivas” a los agentes económicos que infrinjan las normas de una competencia equitativa. Incluso, podrá reparar el daño causado por una práctica monopólica o de concentración ilícita.

La iniciativa también plantea sanciones penales que “castiguen severamente” prácticas monopólicas y fenómenos de concentración, por lo que plantea reformar el Código Penal Federal, a efecto de aumentar las penas de cinco a 10 años de prisión y multas que pasarían de mil a 10 mil días de salario mínimo.

El nuevo ordenamiento está conformado por 130 artículos y 10 títulos. Destaca el de multas y sanciones, pues en contiene una lista de 25 tipos de correcciones, multas, inhabilitaciones y medidas de regulación de este mercado.

En ese sentido, queda establecido que la Comisión podrá ordenar la corrección, supresión de la práctica monopólica o concentración ilícita. También fija medidas para ordenar la desconcentración parcial o total de un agente económico.

La propuesta del Ejecutivo para una nueva Ley Federal de Competencia Económica dará al gobierno mayor poder para regular el control de precios, es decir establecerá o fijará el nivel máximo que se puede cobrar, al proponer modificaciones al artículo 9 de dicha legislación, advirtieron especialistas.

En la justificación, el Presidente reconoce que en el país uno de los principales frenos al crecimiento económico ha sido el insuficiente desarrollo en algunos sectores productivos, “lo que no ha permitido detonar la economía”.

“Por ello, es impostergable contar con la legislación secundaria que permita garantizar la libre competencia y concurrencia”, justificó.

Peña Nieto explicó que esta propuesta de ley está fundamentada en cuatro ejes: en que las directrices están sustentadas en la reforma constitucional, en la experiencia de 20 años de aplicar en el país políticas de libre concurrencia y competencia, y en las mejores prácticas internacionales en la materia.

Va el gobierno por el control de precios

Aunque el gobierno federal negó que con la nueva Ley de Competencia se busque un control de precios, en la práctica lo podría hacer con la anuencia de la comisión antimonopolios.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) podrá determinar el precio competitivo de insumos esenciales cuando éstos sean objeto de un control abusivo, dijo ayer Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, según otra nota del periódico Reforma.

Explicó la iniciativa de Ley Federal de Competencia Económica en una conferencia donde también participaron Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, y Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno federal.

La iniciativa fue enviada ayer por el Presidente Enrique Peña a la Cámara de Diputados.

El temor al control de precios fue anticipado por fuentes de la industria, y, ayer, el Consejo Coordinador Empresarial reiteró su preocupación.

"Si nos van acotando los medios de defensa, y, por el otro lado, van aumentando las facultades del Gobierno y del órgano regulador, y no hay los pesos y contrapesos, obviamente no es lo idóneo", señaló Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE.

En tanto, Guajardo advirtió: "El Ejecutivo sólo podrá actuar cuando la Comisión de Competencia resuelva que en un mercado existen problemas para su libre competencia y su libre operación, cosa que no altera lo que ya ha existido en la Ley".

Expuso que hay un aumento en las sanciones para las prácticas anticompetitivas: desde la desincorporación de activos hasta las sanciones penales, pues las monetarias ya habían sido homologadas a estándares internacionales desde 2011.

"Lo que sí logra esta presentación es, sin menoscabo de los derechos legales de los agentes económicos, acortar y reducir los tiempos en donde hacían eternos los procedimientos", indicó.

En tanto, Castillejos, el consejero jurídico de la Presidencia, señaló que, con excepción de sanciones monetarias y de desincorporación de activos, en las resoluciones de la Cofece y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo se permitirá el juicio de amparo indirecto, es decir, la suspensión no será una barrera.

La Iniciativa tiene tres apartados: sobre la organización y funcionamiento, sobre las conductas anticompetitivas y el de procedimientos.

Propone que la autoridad que realiza la investigación no sea la misma que resuelva y que ésta esté sujeta al control por parte de juzgados de distrito y tribunales colegiados especializados en la materia.